Benidorm

Anulan la declaración en la que el exedil de Personal se autoinculpó de los contratos

Martínez declara que «se aprovecharon de su buena fe» para intentar que el juez retirara la imputación a Navarro

17.05.2016 | 00:31
Anulan la declaración en la que el exedil de Personal se autoinculpó de los contratos

El magistrado cree que testificó sin que se le prestaran las suficientes garantías procesales.

Realizó una declaración «teledirigida», en la que se «aprovecharon» de su «buena fe» con la finalidad de que el juez retirara la imputación al entonces alcalde Agustín Navarro. El concejal socialista de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Benidorm entre septiembre de 2009 y mayo de 2011, Juan Ramón Martínez, dio ayer un giro de 180 grados en la investigación que está llevando a cabo el Juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm sobre las contrataciones irregulares en el Consistorio durante el gobierno del PSOE, por la que están investigados el exprimer edil, el propio Martínez y la anterior jefa del departamento de Recursos Humanos, Carmen Navarro. A los tres se les acusa de presuntos delitos de prevaricación administrativa en su modalidad de nombramientos ilegales, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

Martínez, ahora retirado de la política activa, volvió ayer a sentarse ante el juez y logró que el magistrado decidiera anular la declaración que prestó en enero de 2015 como testigo, con la que acabó imputado, al manifestar que todo lo dicho lo hizo para ayudar a quien entonces era su alcalde porque le dijeron «que no le iba a pasar nada», según trasladaron a este diario fuentes relacionadas con la causa, que agregaron que el exconcejal habría apuntado al propio Navarro y a su defensa como «inductores» de aquella declaración.

En la época en la que Martínez prestó testimonio ante el juez, éste era todavía concejal en el Ayuntamiento, aunque ya no gestionaba el departamento de Recursos Humanos, y Agustín Navarro, alcalde. Entonces, defendió el proceso seguido para realizar todas las contrataciones y otras decisiones sobre Personal que son objeto de la causa. Entre otras cuestiones, afirmó que él era «el máximo responsable político de los hechos en materia de Recursos Humanos, por delegación del alcalde» y que mientras ejercía sus funciones «el alcalde nunca intentó influir en sus decisiones, ni en las del departamento, para obtener ningún beneficio económico». Estas manifestaciones llevaron al instructor a incluirle en la causa en calidad de investigado –nueva definición de imputado–, al considerarlo responsable de los hechos.

Al parecer, ayer, Juan Ramón Martínez se desdijo que toda su declaración y manifestó que aquellas palabras se «prepararon» con el objetivo de salvar a Navarro y que la causa se acabara archivando, desconociendo que este testimonio podría acabar con su imputación, como así ocurrió. Tras escuchar todas sus explicaciones, el juez que instruye el caso acordó dejar sin efecto la primera declaración del exedil, por creer que no se dieron las garantías procesales suficientes. Ahora tendrá que decidir si mantiene a este exconcejal como investigado o no dentro el proceso.

Ningún decreto firmado por él
Al margen de lo anteriormente expuesto, entre las explicaciones dadas ayer durante unas dos horas por Juan Ramón Martínez a preguntas de todas las partes, el exconcejal también indicó que la mayoría de actuaciones que se investigan en la causa se acordaron en junta de gobierno, de la que él no formaba parte, o que ninguno de los decretos incorporados a la querella están firmados por él, sino por el propio Navarro.

La causa se inició en el año 2013 cuando la Fiscalía pidió abrir una investigación al exalcalde tras una denuncia remitida al Ministerio Público por el sindicato SPPLB. Los hechos denunciados tienen que ver con la firma de hasta 130 contratos temporales en 2010, de los que 43 fueron a parar a personas con vínculos familiares o políticos con el PSOE local, cuando el Gobierno central había prohibido incrementar las plantillas. También, con la concesión de pluses, complementos y ascensos a funcionarios afines entre 2010 y 2011, entre otros motivos. La suma de todo ello generó un desfase presupuestario de 4,5 millones en el capítulo de Personal, según los informes de Intervención.

Además de Juan Ramón Martínez, también acudió ayer ante el juez la exjefa de Personal en el mandato del PSOE, Carmen Navarro, que también está como investigada en la causa, para concluir la declaración que inició a primeros del mes de marzo y que tuvo que ser suspendida debido a una avería en el sistema de grabación del juzgado.

Tras haber tomado nuevamente declaración a los tres investigados, el juez deberá decidir ahora si continúa con la instrucción, si archiva la querella o si dicta auto de procesamiento, la antesala del juicio oral.

Compartir en Twitter
Compartir en Facebook
Enlaces recomendados: Premios Cine