El exalcalde socialista de Orxeta Vicente Llinares fue juzgado ayer en el juzgado de lo Penal número 6 de Alicante por un presunto delito de prevaricación. La Fiscalía pide para el exregidor una condena de seis meses de prisión y siete años de inhabilitación, al considerar que, supuestamente, permitió la instalación y actividad de una fábrica ilegal de hormigón en un suelo que él mismo había vendido a la empresa. Los hechos se remontan a finales de 1999, cuando el procesado presidía la corporación municipal.
Además del exalcalde, en el banquillo de los acusados se ha sentado también el administrador de la empresa hormigonera, Hilario C.M., para el que la acusación pública pide tres meses de prisión y el pago de una multa por un delito contra la ordenación del territorio.
El fiscal del caso ha aplicado para el expolítico orxetano la atenuante de dilaciones indebidas debido al retraso en la tramitación del procedimiento, por lo que ha rebajado su petición de condena para él en seis meses de cárcel y tres de inhabilitación. Al empresario, para el que esta parte pedía inicialmente dos años de cárcel, le ha aplicado la misma atenuante, así como la de reparación del daño, ya que ha restaurado «parcialmente» la legalidad urbanística vulnerada.
Los hechos comenzaron a finales de 1999, cuando la empresa Hormigones Orxeta SL instaló una planta dedicada a la producción de hormigón y la transformación de áridos y tierra en una finca de la partida de Foieta. Una parte de este terreno estaba calificado como suelo no urbanizable de especial protección de monte, y el empresario carecía de licencia alguna para desarrollar la actividad, aunque esperaba obtenerla en un futuro próximo «de acuerdo con el alcalde», según el fiscal.
De hecho, la mercantil había comprado previamente este terreno a Llinares por diez millones de las antiguas pesetas (60.000 euros), de los que adelantó dos (12.000 euros) y comprometió el resto mediante 24 plazos mensuales. Llinares, que gobernó Orxeta entre 1983 y 2011, denegó la licencia de actividad a la fábrica en diciembre de 1999 e incoó un expediente de disciplina urbanística por las obras sin licencia.
Sin embargo, lo hizo solo a efectos formales, pues no adoptó después medida alguna para restaurar la legalidad urbanística, de forma que «incumplió su deber de garante» y consintió, por tanto, «las obras de construcción y la actividad industrial», de acuerdo con la acusación pública.
Durante el juicio, que ayer quedó visto para sentencia, el exalcalde se negó a contestar a las preguntas del fiscal, pero durante el interrogatorio de su propio abogado mantuvo que pensaba que la fábrica iba a resultar beneficiosa para el municipio.
