El Palacio de Justicia de Benidorm acogió ayer la primera sesión del juicio contra la exconcejal del PSOE Isabel Martínez por un presunto delito de acoso laboral a una funcionaria del área de Bienestar Social, departamento que gestionó Martínez entre septiembre de 2009 y mayo de 2011. El caso, que deriva de una denuncia interpuesta en el año 2011, está siendo juzgado por el Juzgado de lo Penal número 2 de Benidorm y ayer acogió las declaraciones de la denunciada, para quien el fiscal y la acusación particular piden año y medio de cárcel y una indemnización; la denunciante, María Dolores Lillo, coordinadora de Bienestar Social por oposición; y varios funcionarios que acudieron como testigos de las partes.
Durante la vista, el momento más duro fue cuando la coordinadora relató los hechos que le motivaron a poner la denuncia, que ella misma calificó como «un calvario» y que le llevaron a romper a llorar varias veces durante el juicio mientras respondía a las preguntas del fiscal. Así, la funcionaria explicó que, desde la llegada de Isabel Martínez a la concejalía de Bienestar Social tras la moción de censura de 2009, poco a poco fue «despojada» de sus funciones, que fueron asumidas por una trabajadora social a quien la concejal designó para ser su secretaria. «Me desprestigiaba continuamente como profesional, me decía "tú te callas" delante de todo el personal de la concejalía y dio orden de que nadie viniera a despachar conmigo. Fue una humillación constante», afirmó. Según la funcionaria, Martínez le quitó un plus de 700 euros que cobraba como directora provisional de un centro social «alegando que no hacía falta la plaza, y al día siguiente nombró a otra persona». Además, afirmó que dejó su cargo «totalmente vacío de funciones, con un ninguneo constante», hasta el punto de que en abril de 2011 acordaron trasladarla a un centro social y le asignaron una plaza en el despacho del director de este centro, con una «mesita y cuatro sillitas infantiles» que se utilizan para terapias con niños de entre 4 y 10 años, como ratificaron otras funcionarias que comparecieron de testigos.
Asimismo, Lillo manifestó ante el juez que preguntó a la edil por qué motivo la quería trasladar y que ésta le respondió que «no sabía por qué me trasladaban ahora, porque ella quería que me fuera desde el primer día». Justo antes de su traslado, recordó el día que «enviaron» a la Policía Local a su despacho y la acusaron de estar destruyendo documentos públicos, lo que le generó un ataque de ansiedad. Según la funcionaria, el trato recibido por parte de Isabel Martínez le generó «durante bastante tiempo palpitaciones, dolores de cabeza, de oído, estrés... Vomitaba mucho y llegaba a casa todos los días llorando hasta que me dieron la baja», que se prolongó durante más de 700 días, a lo que agregó que el médico que la vio de urgencia le dijo que su caso «era un acoso laboral de libro».
La exedil se desvincula
Antes de que declarara la funcionaria, Isabel Martínez testificó que el trato entre ambas era «correcto y normal» y negó haberla despojado de ninguna función como coordinadora de Bienestar Social. Asimismo, dijo desconocer los motivos por los que Lillo la había denunciado ni tampoco qué llevó a otras trabajadoras sociales que testificaron en la instrucción a decir que tenía hacia ella un trato vejatorio. Martínez, que se negó a responder a la acusación particular, dijo a preguntas de su abogado que el decreto para trasladar a esta funcionaria lo firmó el entonces edil de Recursos Humanos, Juan Ramón Martínez, a quien también le atribuyó las competencias para dictar cambios en el área de Bienestar Social «con el visto bueno del alcalde», y que se enteró del traslado por la propia Lillo «esa misma mañana».
Durante esta primera sesión, comparecieron como testigos varias trabajadoras sociales que dijeron haber presenciado el trato despectivo de Martínez hacia la funcionaria. También, la funcionaria que durante todo ese tiempo fue la secretaria de la concejal, que negó las acusaciones hacia Martínez. Hoy, segunda y última sesión, está previsto que testifique, entre otros, el exedil de Personal, Juan Ramón Martínez.
