Varapalo al Ayuntamiento de Benidorm por el procedimiento a través del que concedió la licencia ambiental, así como la de obras, al polémico rastro que planea sobre unos terrenos junto a la avenida Comunidad Valenciana, en la zona de la ITV de la ciudad. Un informe encargado a la Universidad de Alicante (UA), al que ha tenido acceso este diario y del que dio cuenta ayer el gobierno local popular al resto de grupos municipales durante las comisiones informativas, para decidir sobre la legalidad del mismo ha detectado múltiples fallos en el proceso y concluye que debe iniciarse la «declaración de lesividad» de las autorizaciones otorgadas porque las mismas vulneran la legislación vigente y pide la nulidad de las licencias concedidas.
Hay que tener en cuenta que el Ayuntamiento de Benidorm aprobó, en septiembre de 2015, el inicio de un expediente de lesividad para el que sería el tercer mercadillo de la ciudad, que no ha llegado a arrancar su actividad. Con este procedimiento el Consistorio pretendía examinar con lupa los trámites a través de los cuales la propia administración local dio permiso a la mercantil Outlet Market para implantar el nuevo rastro en la zona de la ITV de Benidorm. Para ello, encargó un informe a la UA, que costó 17.000 euros a las arcas municipales, que debería haber estado listo el pasado mes de marzo. Sin embargo, el retraso provocó que el pleno de ese mes votara el archivo del expediente para después proceder a su reapertura y ganar tiempo a la espera del informe en cuestión.
Dos meses más tarde, por fin el informe de la UA ha llegado y sus conclusiones ponen en la picota la gestión municipal en esta cuestión. Entre los fallos apuntados en el estudio, compuesto por 67 páginas, destaca que la licencia de actividad «dificulta y desincentiva» de forma patente el desarrollo de la unidad de ejecución en la que se encuentran las parcelas donde está previsto la instalación del mercadillo. Un argumento que se repite en diferentes ocasiones a lo largo del informe.
No hay que olvidar que los terrenos donde debería ubicarse el rastro forman parte del sector APR-3, pendiente de urbanización. Con todo, la autorización para la implantación del mercadillo se dio de forma provisional pero por un plazo de 10 años. Algo que, según el informe de la UA, podría condicionar el desarrollo de este Plan Parcial.
A ello se suma que tampoco se dio audiencia a los propietarios del suelo de forma previa a la concesión de licencia ambiental, emitida en agosto de 2015. «Al no haberse dado trámite de audiencia a los propietarios afectados por la actuación se ha prescindido del procedimiento legalmente establecido», se expone en el documento, como ha podido comprobar este periódico.
Todo lo cual lleva a los firmantes del documento a pedir la anulabilidad de las licencias concedidas para la implantación del polémico rastro. Hay que tener en cuenta que la instalación del nuevo mercadillo contó desde su inicio con la firme oposición de los comerciantes locales, que incluso llevaron a los tribunales la autorización concedida al mismo por parte del Consell. Un proceso que todavía sigue pendiente de resolución.
Por su parte, la edil de Urbanismo, Lourdes Caselles, defendió su gestión en este sentido y aclaró que la licencia ambiental que desde su departamento se otorgó el pasado mes de agosto, se basó en el certificado de compatibilidad urbanística previo. «Lo que viene a decir el informe es que el procedimiento está viciado desde su inicio», recalcó la concejal en un intento de extender las responsabilidades al anterior gobierno municipal, formado por el PSOE y el CDL.
El informe de la UA se elevará al próximo pleno y después serán los tribunales los que deban decidir, en un contencioso administrativo, si procede la revocación de las licencias otorgadas, como explicó ayer la edil Lourdes Caselles.
Críticas a la gestión
No obstante, el portavoz del PSOE, Rubén Martínez, recordó que su grupo ya avisó de que el problema estaba en la concesión de la licencia ambiental. «Nos podríamos haber ahorrado todo este trámite y también 17.000 euros que ha costado el informe de la UA», cargó el representante socialista a la vez que insistió en que el certificado de compatibilidad urbanística previo es un documento interpretativo del Plan General que hicieron los técnicos. Asimismo, recordó que el propio grupo popular presentó una moción, cuando estaba en la oposición, para que no se diera la licencia ambiental.
La portavoz de Liberales, Gema Amor, volvió a mostrar su firme oposición a la concesión de la licencia ambiental que «la edil imputada por prevaricación Lourdes Caselles otorgó de tapadillo el pasado mes de agosto». La concejal cargó contra la gestión del gobierno local y calificó de «desastre y caos» todo el procedimiento.
Desde el grupo Compromís-Los Verdes criticaron la «pésima» gestión tanto del PSOE como del PP en lo relativo al nuevo rastro que planeaba en la zona de la ITV de Benidorm. «La mala gestión del gobierno anterior que no pidió autorización al Consell una vez modificado el plan de movilidad del mercadillo como del ejecutivo actual, que aprobó la licencia ambiental basada en informes técnicos erróneos», advirtió el portavoz de Compromís-Los Verdes, Josep Bigorra.
