El gobierno local del PP, que lidera el alcalde Toni Pérez, acata a medias la sentencia de la Audiencia Provincial que obliga a la administración local a devolver parte de la cantidad que 13 vecinos de la subzona C pagaron de más en concepto de contribuciones especiales por las obras de urbanización ejecutadas en este barrio. A pesar de que el Consistorio ha optado por no recurrir la decisión judicial al Tribunal Constitucional, como planteó en un primer momento el ejecutivo municipal, ahora se estudia la posibilidad de tramitar un incidente de ejecución de sentencia, como explicó ayer el primer edil benidormense. A efectos prácticos, esta herramienta legal que baraja el Ayuntamiento permite aplazar el cumplimiento de la orden judicial o lo que es lo mismo, la devolución de las tasas cobradas de forma indebida a estos 13 residentes.

Pérez explicó ayer en rueda de prensa, celebrada tras las comisiones informativas donde se trasladó al resto de grupos municipales la decisión de no recurrir el fallo al Constitucional, que no se presentará recurso de amparo ante las pocas probabilidades de que sea admitido a trámite. «Se renuncia a seguir litigando pese a que los técnicos encuentran "antinomia jurídica" en la sentencia favorable a los vecinos», matizó el primer edil de Benidorm.

Hay que tener en cuenta que el aumento de los costes de las obras y, por ende, de las contribuciones especiales por las mismas llevó a los vecinos de este barrio a oponerse en bloque ante la subida. De hecho, muchos han sido los procedimientos judiciales abiertos para dilucidar si el incremento de las tasas impuesto por el Consistorio se ajustaban a derecho. Aunque, cabe destacar que el resto de sentencias relativas a este asunto daban la razón al Consistorio, a excepción de la de estos 13 vecinos, que falló en contra de la administración local condenándola a devolver medio millón de euros a los propietarios de las viviendas. De ahí que los técnicos consideren que existe «antinomia jurídica».

Por ello, en la propuesta debatida ayer en comisiones informativas sobre este tema, se acuerda «no interponer recurso de amparo» y «que se proceda a contratar informe previsto en el apartado tercero». Ese apartado en concreto explica que «se puede resolver la aparente antinomia jurídica planteando un incidente de ejecución de sentencia». Para ello, según se desprende de la propuesta a la que ha tenido acceso este diario, el Ayuntamiento contratará un informe externo para estudiar si cabe el inicio de este proceso.

De ahí que la oposición se abstuviera ayer en este punto. «La ejecución de la sentencia debe realizarse ya», consideró el portavoz de Compromís-Los Verdes, Josep Bigorra. Por su parte, la líder de Liberales, Gema Amor, lamentó que con esta decisión se va hacer perder el tiempo y el dinero a los vecinos. «Es dilatar para pagar y pagar más por los intereses», lanzó la edil.

Indignación vecinal

Por su parte, los vecinos afectados manifestaron su «indignación». «Cada vez que anuncian algo sobre la Subzona C se retratan. La sentencia está muy clara», señalaron ayer residentes de esta zona a la vez que consideraron que antes o después el Ayuntamiento pagará.