La Dirección General de Costas otorgó esta vivienda en régimen de concesión al polémico empresario Juan Ferri, investigado por sus negocios con la CAM en el Caribe, en el año 1983. Catorce años después, en 1997 revocó la concesión y le ordenó desalojar el inmueble, tras descubrir que había cambiado su uso residencial y lo había reconvertido en una oficina de ventas, una actividad prohibida en la propia concesión. Además, le ordenaba demoler la construcción. Aquella decisión acabó recurrida por el propio empresario en los tribunales, y tanto el TSJ (1997) como el Supremo (2003) dieron la razón a Costas. Casi dos décadas después, la orden sigue sin haberse ejecutado. r. p.