La trama de facturas falsas en Terra Mítica

Una maquinaria de evadir impuestos

La investigación de las fiscales del caso permitió desenredar la red creada para defraudar a Hacienda

05.05.2016 | 12:21
Instalaciones del parque temático de Benidorm donde actuó la trama

La sentencia del «Caso Terra Mítica» llega tras once años de instrucción (aunque las primeras investigaciones de INFORMACIÓN se remontan a la época de los 90), dos archivos y una reapertura. Un caso que ha finalizado con 22 condenados a 301 años de cárcel y multas de 71 millones de euros.

La avaricia rompió el saco. Un refrán que resume la trayectoria vital de los 20 empresarios y dos directivos implicados en la trama de facturas falsas con epicentro en la construcción de Terra Mítica, el parque temático de Benidorm. El primer caso de corrupción que estalló en la era del PP al frente de la Generalitat se ha saldado once años después de la primera denuncia con 305 años de cárcel para los 22 condenados y multas de 71,2 millones de euros por el fraude a la Hacienda Pública. Algunas empresas implicadas en esta trama repitieron artimañas en otras obras y en las tres administraciones valencianas (municipal, autonómica y las diputaciones), pero la prescripción de los delitos ha impedido perseguir la extensa red del fraude, según confirman a INFORMACIÓN fuentes jurídicas.

Los cerebros de esta estructura pensada para evitar pagar impuestos fueron, según la sentencia de la sección quinta de la Audiencia de Valencia, los empresarios Vicente Conesa-Fernández Vitoria, Antonio Vicente Moreno-Carpio y José Luis Rubio Sánchez. Es Conesa quien logra meter cabeza en Terra Mítica para encargarse de las obras de jardinería (es ingeniero agrónomo de profesión). Sus empresas logran tres contratos multimillonarios en Terra Mítica, en unión temporal de empresas o como subcontrastista, por más de 1.500 millones de pesetas. El problema estuvo en que Conesa se convirtió en «juez y parte» de su participación en el parque. El empresario «realizó los proyectos de jardinería en el parque, pero también ejecutó la obra, la controló y la aceptó, tras arrogarse los cargos de "gerente de jardinería" (inexistente) y la dirección facultativa de la obra», según la sentencia del «caso Terra Mítica».

Pero la avaricia rompe el saco. Y Vicente Conesa «concertó» con los dos exdirectivos del parque temático condenados, el ingeniero Antonio Rincón y el abogado y coronel Justo Valverde (excuñado de Eduardo Zaplana) «un sistema mediante el cual, Conesa presentaba para las obras del parque, a través de sus empresas, precios superiores al verdadero coste de las mismas, lo que le generaba un importante beneficio, y por otro lado, facturaba servicios, suministros, participación en proyectos y trabajos de jardinería que no se habían realizado o los habían ejecutado otras empresas», según los hechos declarados probados en el juicio. Los gastos que presentaba Conesa y que avalaban Rincón y Valverde con sus firmas «en ocasiones no estaban amparados por contrato, y las facturas, elaboradas de una forma totalmente genérica, daban cobertura al pago de trabajos que no se habían realizado», según el fallo de la sección quinta de la Audiencia de Valencia del que ha sido ponente la magistrada Begoña Solaz Roldán.

A partir de aquí es cuando entran en escena los otros dos empresarios condenados, Antonio Vicente Moreno Carpio (46 años de cárcel) y José Luis Rubio Sánchez (41 años de prisión). «Conesa entró en contacto con Moreno Carpio y Rubio Sánchez, que estaban al frente de empresas que nada tenían que ver con la jardinería y los tres se concertaron para confeccionar facturas donde aparecían como proveedores de Terra Mítica las empresas de Moreno Carpio y Rubio Sánchez, u otras adquiridas o creadas para ello». Al mismo tiempo, Moreno Carpio y Rubio Sánchez «para evitar las gravosas consecuencias fiscales que pudiera generarles contable y fiscalmente la facturación desmesurada» que declaraban «se valieron de otras mercantiles para confeccionar facturas que les permitieran deducirse gastos irreales».

Según la ardua investigación realizada por las fiscales del caso, Carmen García Cerdá y Ángeles Martínez Marzal, y el titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Valencia, Francisco Silla, la trama de facturas falsas creó tres niveles de empresas para defraudar a Hacienda. Una estrategia en la que no tuvieron miramientos. No respetaron ni a la propia familia. Durante el juicio se descubrió que José Luis Rubio Sánchez emitió facturas falsas a nombre de su hijo (que ha resultado absuelto) sin que éste supiera de las artimañas de su padre. Moreno Carpio también involucró a sus tres hermanos, muy activos en el cobro de cheques y la retirada de efectivo para esquivar el control tributario, que también han sido condenados. Incluso se aprovecharon de la necesidad de un «sin techo» al que llamaban «el indigente» y que administraba, sin saberlo, una empresa que facturó 300 millones de pesetas a Terra Mítica. Total para acabar, como dijo Rubio Sánchez al tribunal para evitar su ingreso en prisión, «sin un duro y cobrando la pensión de 420 euros». A pesar de que los tres empresarios tenían desde el 17 de mayo de 2001 cuentas en la Banca Privada d'Andorra.

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