La sentencia emitida por la Audiencia Provincial de Alicante que ratifica el cierre del polémico pub Tiki Beach, como ya decretó en primera instancia un juzgado de Benidorm, ha caído como un jarro de agua fría entre los responsables de locales de ocio nocturno de la capital turística de la provincia que han cerrado filas en torno al establecimiento. El fallo judicial daba la razón a los vecinos del bloque Santa Margarita, en cuyos bajos se encuentra el establecimiento, y avalaba la supresión de la actividad por las «graves molestias» que ocasiona la actividad a los residentes del complejo residencial.

El ruido de la música así como de los numerosos clientes, en su mayoría de origen británico, que se aglomeran cada día a las puertas de este pub es el caballo de batalla entre vecinos y propietarios. Tras la última sentencia de la Audiencia Provincial en la que ratificaba el cierre del Tiki Beach, la propiedad del mismo salió ayer ante los medios para dejar claro su firme rechazo a la decisión judicial y recalcar que están dispuestos a «agotar todas las vías legales» para evitar echar el cierre. Por ello, han presentado un recurso de casación ante el Tribunal Supremo para revocar la sentencia del tribunal provincial, como indicó ayer el abogado de la empresa Benisuisse, propietaria del local, Benito González, quien calificó de «atropello» la sentencia al considerar que «no se han preservado sus derechos y garantías».

Más allá de la consecuencia directa para el Tiki Beach, la sentencia ha despertado cierta inquietud entre el gremio del ocio nocturno de Benidorm, ya que consideran que puede sentar un precedente que podría terminar con el modelo de ocio nocturno tal y como se conoce en la ciudad de los rascacielos. De hecho, el presidente de Ociobal -la asociación que engloba a estos establecimientos-, Víctor Navarro, expresó ayer su apoyo a la propiedad del pub afectado y mostró su «preocupación» por el fallo judicial que «pone en tela de juicio» los sistemas de control y emisión de ruidos de los locales de la ciudad. «Se crea una indefensión de los locales ante los vecinos que nos preocupa», admitió Navarro.

Asimismo, los representantes legales de la propiedad del Tiki Beach hicieron hincapié en que el establecimiento no cuenta con ningún sanción administrativa y lamentaron que por las denuncias de los vecinos que, a su juicio, obedecen otros intereses que nada tienen que ver con el ruido que emite el local se vean abocados al cierre. «El elevado volumen de la música y el ruido no fueron las causas de la denuncia, porque todas las mediciones de la Policía Local siempre fueron favorables», recalcó el abogado de la defensa, quien apuntó que el anterior negocio que existía en ese mismo lugar «acumulaba hasta 150 sanciones y nunca fue requerido por los vecinos para cerrar».

Pero la cosa no queda ahí. La propiedad del Tiki Beach ha abierto un procedimiento paralelo al del cierre del local tras presentar una demanda, que ha sido admitida a trámite, en la que acusan a dos de los cuatros vecinos que testificaron en contra de la actividad del eastablecimiento de «falso testimonio». «Es un negocio que funciona bien y hay mucha gente interesada en él», advirtió el abogado Benito González, quien mostró sus «sospechas» de que la denuncia vecinal tenga otros intereses más allá que los de frenar el ruido de la música y la clientela.