Enrique Ortiz no está dispuesto a dar ni un euro al Ayuntamiento de Benidorm. Muestra de ello es el recurso de apelación que ha presentado para revocar una sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, que desestima el recurso contencioso administrativo abierto por el empresario alicantino contra el Consistorio benidormense para obtener la devolución del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) que pagó en 2014 por las parcelas de El Moralet. Unos terrenos que en julio de ese mismo año fueron expropiados por la administración local.
Así las cosas, el constructor -que confesó haber financiado al PP de forma irregular- consideró ante los tribunales que «a fecha 1 de enero de 2014 ya no ostentaba la titularidad de las parcelas expropiadas, no siendo procedente abonar el IBI del ejercicio 2014 correspondiente a las mismas». Asimismo, Ortiz puso de manifiesto su «desasosiego» ante las «dificultades» a las que ha tenido que hacer frente a lo largo del procedimiento de expropiación, «por cuanto una vez fijado el justiprecio la administración ni pagó ni ocupó las fincas expropiadas, habiendo sido en vía judicial cuando finalmente se ha conseguido que la Corporación demandada pague el importante del justiprecio». Unas consideraciones que ahora ratifica en su recurso de apelación.
Como se recordará, el litigio abierto entre Benidorm y Ortiz por los terrenos de El Moralet lleva años coleando. En un principio, el constructor exigía 47 millones de euros, aunque el Consistorio rebajó la cifra a 73.000 euros. La enorme diferencia provocó que el asunto acabara ante el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad, que estableció la cifra en 5,9 millones de euros. No obstante, la cantidad es revisable y el empresario aún espera poder elevar el justiprecio.
El magistrado admite en la sentencia, recurrida por Ortiz, todas estas trabas que denuncia el empresario. «Es cierto que la negativa de la Corporación ha demorado el procedimiento expropiatorio con la consecuencia de que la mercantil recurrente -Iniciativa Comerciales de Benidorm- ha tenido que ir haciendo frente a todas las obligaciones derivadas de la titularidad de las fincas», se expone en el auto. Sin embargo, el juez falla a favor del Ayuntamiento al considerar que en el momento del devengo del impuesto, los terrenos «no habían pasado a formar parte de la Corporación demandada».
Con el recurso de apelación interpuesto por la mercantil, el empresario alicantino espera poder recuperar los 42.300 euros que abonó en concepto de IBI en el año 2014 a Benidorm. Los servicios jurídicos del Ayuntamiento ya trabajan para presentar oposición al recurso de Ortiz, según un decreto con fecha del pasado 21 de abril, al que ha tenido acceso este diario.
La concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, recalcó la postura del Ayuntamiento y matizó que el cobro del IBI sí procedía, como defenderán ante el juez.
Por su parte, el portavoz de Compromís-Los Verdes, Josep Bigorra, lamentó que Ortiz «quiera seguir sacando provecho de Benidorm a toda costa». «Tras haber confesado que ayudó durante años a la financiación irregular del PP, sólo cabe aislarlo lo más pronto posible de la gestión urbanística de los asuntos de la ciudad», zanjó el edil de Compromís.
