Agosto de 1992. A pocos kilómetros de los rascacielos que coronan el cielo de la capital turística de la provincia, la Sierra Cortina alberga una importante masa forestal de pinos, carrascos, algarrobos, sabinas y madroños que han conseguido escapar del ladrillo. Junto a la Serra Gelada, es uno de los escasos pulmones verdes de Benidorm donde, además, la normativa municipal impide edificar. Pero ocurre un hecho que marcará un antes y un después en el futuro urbanístico y político y que acabará trascendiendo del ámbito local. Tres incendios provocados, y que se suceden en apenas siete días, devastan la mayor parte de este paraje, en unos sucesos sobre los que desde el minuto uno se ciernen todo tipo de sospechas.
El aún alcalde de Benidorm, Eduardo Zaplana, prepara ya su escalada política, que tres años más tarde le llevaría a la presidencia de la Generalitat. Año 1995. La construcción de un parque temático para revitalizar el turismo en la provincia de Alicante es, desde el primer día, uno de los grandes proyectos del nuevo jefe del Consell. Aunque en un primer momento se barajan distintas opciones, el eje de Benidorm siempre estuvo en los planes de su exalcalde para albergar el parque. A ello se suman los múltiples ofrecimientos de parcelas de su sucesor en el Ayuntamiento de la ciudad, Vicente Pérez Devesa, para no dejar escapar lo que entonces se consideró un importante revulsivo para la atracción de nuevos y numerosos turistas. Nada más lejos de la realidad.
En abril de 1997, la Generalitat ratifica lo que hasta entonces era un secreto a voces: que Terra Mítica se construiría en Benidorm, sobre una superficie de diez millones de metros cuadrados de suelo que el ejecutivo valenciano iba a expropiar y que, en su mayoría, abarcaban la zona quemada por los incendios que cinco años antes arrasaron la Sierra Cortina. El proyecto se completaría con la reserva de terrenos en el entorno de Terra Mítica para la construcción de hoteles de lujo, apartamentos turísticos y más parques temáticos, a modo de pequeño «feudo» de la Generalitat en Benidorm, y a pesar de que todas las parcelas afectadas estaban catalogadas en el Plan General como suelo rústico.
El proyecto
Inspirado en las antiguas civilizaciones del Mediterráneo, la construcción del complejo de ocio de Benidorm se prolongó entre febrero de 1998 y julio de 2000. En el capital participaron mayoritariamente la Generalitat y las dos grandes cajas de ahorros de la Comunidad -las extintas CAM y Bancaja-, pero también decenas de empresarios que se implicaron en un proyecto que costó, al menos, 377 millones de euros y que desde el principio dio pérdidas. Zaplana colocó a un nutrido grupo de amigos para llevar las riendas de este parque, que no sirvió sólo para intentar abrir -sin demasiado éxito- un mercado turístico hasta entonces inédito en la Comunidad, sino principalmente para inaugurar una etapa de proyectos faraónicos y grandes eventos -Ciudad de la Luz, Ciudad de las Artes y las Ciencias, Fórmula 1, aeropuerto de Castellón...- en los que se embarcaron sus sucesores en el Consell y que acabaron endeudando a la Hacienda autonómica hasta las cejas por muchos, muchos años. Y, también, salpicando de casos de corrupción todas y cada una de las administraciones en las que el Partido Popular encadenó una mayoría absoluta tras otra durante dos décadas.
El fiasco
En julio de 2000, el todavía príncipe Felipe inauguró con todos los fastos el complejo de ocio de Benidorm, que tenía el objetivo de atraer por sí solo más de un millón de visitantes al año. Nunca lo consiguió. El sobredimensionamiento del parque, la amplia cuota de directivos y una más que dudosa gestión abrieron la puerta en 2002 a la entrada de la multinacional Paramount, que tres años después se desvinculó del complejo tras no poder reflotarlo y sumirlo en un concurso de acreedores.
La venta de terrenos, en una subasta donde el constructor Enrique Ortiz -que ha confesado que financió irregularmente al PP de la Comunidad-se hizo con todo el suelo, permitió a la Generalitat insuflar 85 millones de euros a las cuentas de Terra Mítica y levantar la suspensión de pagos en 2006. Pero no fue suficiente. En julio de 2012, acuciada por las deudas, la Generalitat acabó vendiendo Terra Mítica al grupo Aqualandia por 65 millones de euros, al menos 312 menos de lo que costó.
