27 de abril de 2016
27.04.2016

Críticas a la inyección de dinero público en La Nucía para la potabilizadora

El PSOE denuncia que el alcalde exima a la empresa Aqualia de la construcción de esta infraestructura

27.04.2016 | 00:41

La portavoz socialista en el Ayuntamiento de La Nucía, Pepa Ivorra, ha alertado de que el alcalde y responsable de Infraestructuras de la Diputación, Bernabé Cano, ha incluido una inversión a cargo de la institución provincial por un valor de 350.000 euros destinada a las obras de construcción de la planta potabilizadora, proyecto que tenía que haber realizado la empresa Aqualia, concesionaria del agua potable en el municipio.

El pasado miércoles el pleno de la Diputación dio el visto bueno a la concesión de 350.000 euros para, según el expediente de modificación de créditos, la «construcción de ETAP –estación de tratamiento de agua potable– para abastecimiento a La Nucía».

La sorpresa para el grupo socialista saltó al comprobar que las obras para las que La Nucía recibirá dinero público están incluidas dentro de las inversiones que la empresa Aqualia está obligada a realizar en el municipio, según el contrato firmado por el alcalde y la empresa el 21 de noviembre de 2005, contrato por el cual se amplió la concesión a la empresa hasta el año 2030.

En concreto, esta obra se incluye en la cláusula primera del contrato, con el concepto «Planta potabilizadora y obras anexas» por un valor de 2.831.025,70 euros. Esta actuación forma parte de un global de mejoras que la empresa debería haber realizado y que superan los 14,5 millones de euros, montante que, como así aparece en dicha cláusula su coste «será repercutido en las tarifas de agua potable y alcantarillado» que pagan los vecinos de La Nucía.

El grupo socialista considera que Cano «quiere hacer que los ciudadanos paguemos dos veces por una misma cosa, ya que esta obra está incluida dentro de lo que cada vecino de La Nucía paga a la empresa». Ivorra considera sospechoso que Cano «siempre se incline para beneficiar a la empresa, ya sea subiendo los recibos del agua, no actuando ante las deudas de la empresa con el Consorcio de Agua de la Marina Baixa, o como es el caso, pidiendo dinero público para obras que por contrato debe costear la empresa. En lugar de defender el interés de los vecinos y del dinero público, defiende los intereses privados», denuncia Ivorra.

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