26 de abril de 2016
26.04.2016
Benidorm

La oposición fuerza al PP a examinar todos los contratos por posibles irregularidades

Un informe externo detectó anomalías en el 100% de los casos analizados en una muestra de 30

28.04.2016 | 07:49
La oposición fuerza al PP a examinar todos los contratos por posibles irregularidades

Las dudas sobre la legalidad de los procesos de selección afectan a 86 contrataciones.

Los grupos de la oposición forzaron ayer al ejecutivo popular de Benidorm a examinar las 86 contrataciones de empleados municipales que están bajo sospecha por posibles irregularidades. Así, la moción de Ciudadanos (C's) para ampliar la auditoría sobre el total de los casos afectados salió adelante con el apoyo de todos los grupos a excepción del PP, que optó por abstenerse en este punto al señalar que están a la espera de contar con el Plan de Control Financiero, que debe realizar Intervención para todo el ejercicio, como explicó la edil de Contratación, Lourdes Caselles.

Hay que tener en cuenta que una denuncia efectuada por el grupo municipal socialista en la que se ponía en duda la legalidad de los 86 contratos laborales del Ayuntamiento de Benidorm, llevó al ejecutivo local del PP –a propuesta del área de Intervención– a contratar a una empresa ajena al Consistorio para que analizara los procesos de selección de estas contrataciones. Para elaborar el estudio se tomó una muestra aleatoria de 30 expedientes afectados con el objetivo de extraer una primera conclusión. La sorpresa llegó cuando el 100% de los casos analizados incurrían en irregularidades.

Esta primera valoración llevó al grupo municipal de Ciudadanos (C's) a elevar una moción al pleno para que el estudio se ampliara a las 86 contrataciones sobre las que planean irregularidades. Una propuesta que ayer se materializó pero sin el apoyo del PP.

El portavoz de C's, Rafael Gasent, advirtió ayer en el pleno local del «agravio comparativo» que puede generarse entre la treintena de contrataciones que ya han sido analizadas y las que no. Por ello, defendió la necesidad de extender el estudio a los 86 empleados municipales cuyo proceso de selección está ahora bajo la lupa.

El debate sobre la ampliación del estudio de los contratos laborales abrió la polémica y elevó la tensión entre populares y socialistas. Así, el portavoz del PSOE, Rubén Martínez, acusó en varias ocasiones al PP de «haberse pegado un tiro en el pie» con el inicio de esta auditoría al recordar que más de la mitad de las contrataciones que se analizan corresponde a la época en la que el concejal de Personal era quien hoy es alcalde de la ciudad. El primer edil benidormense, Toni Pérez, replicó que «todas sus actuaciones estaban avaladas por los informes técnicos correspondientes».

Con todo, Martínez continúo aumentando la presión y llegó a denunciar una «caza de brujas» por parte del PP entre los empleados municipales mientras que desde el grupo popular recordaron al PSOE que fueron ellos los que motivaron la auditoría al denunciar estas 86 contrataciones. El cruce de acusaciones se zanjó con la intervención del exalcalde socialista Agustín Navarro, quien indicó la necesidad de arreglar cuanto antes esta situación para dotar de «seguridad» a los trabajadores cuyos expedientes de contratación están siendo objeto de duda e, incluso, podrían llegar a ser anulados, según se indicó en la auditoría externa.

Tanto la portavoz de Liberales, Gema Amor, y su homólogo de Compromís-Los Verdes, Josep Bigorra, intervinieron en el debate para apoyar la medida planteada por C's. También desde Ciudadanos por Benidorm mostraron su conformidad a la ampliación del análisis a todos los casos afectados.

Por su parte, la edil de Contratación, Lourdes Caselles, justificó la abstención de su grupo a la vista del informe del Interventor en el que «considera necesario finalizar con el proceso de revisión y adopción de las medidas correspondientes en relación con la auditoría ya realizada, tras la elaboración del informe de Plan de actuación encargado a la empresa auditora».

Con todo, en ese mismo documento, al que tuvo acceso este diario, también se recalca que «nada impide que el pleno adopte un acuerdo político, vía moción, en el que manifieste su voluntad de que se auditen los otros 56 expedientes de contratos laborales».

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