La oposición fuerza al gobierno de Benidorm a paralizar la tasación de la estación de bus

La junta de portavoces acuerda dar un plazo para que todos los grupos estudien el expediente antes de decidir

16.04.2016 | 01:00

El trámite para legalizar la estación de autobuses de Benidorm y regularizar su gestión, ahora en manos del empresario alicantino Enrique Ortiz, tendrá que seguir esperando. Así lo acordó ayer la junta de portavoces del Ayuntamiento, después de que los grupos de la oposición forzaran al gobierno local, del PP, a paralizar la tasación del edificio que tenía previsto encargar a una empresa externa para avanzar en el expediente y, después, cargar los gastos al constructor.

La edil de Urbanismo y portavoz adjunta de los populares, Lourdes Caselles, explicó que los representantes de los distintos grupos políticos acordaron darse un plazo para poder estudiar el expediente de la estación «con todo detalle». Lo hicieron a propuesta del PSOE, Ciudadanos, Ciudadanos por Benidorm, Liberales y Compromís, cuyos portavoces reclamaron tener acceso a todos los informes que se han elaborado por parte de los técnicos en relación a este tema y después decidir los siguientes pasos a emprender por el Ayuntamiento.

En la reunión también participó el secretario general del Consistorio, quien dio cuenta de manera detallada de todo lo acontecido desde la adjudicación de las obras de la terminal, a principios de 2000 hasta el momento actual, incluyendo la sentencia del Supremo que en 2012 dejó en el limbo legal la actual concesión y obligó a realizar una nueva adjudicación.

Como ya contó semanas atrás este diario, la voluntad del PP de encargar una tasación externa responde a la falta de acuerdo entre los técnicos municipales para determinar cuánto vale el edificio. Concretar esta cifra es imprescindible para poder avanzar en el pacto con Ortiz al que en 2014 llegó el ejecutivo, gobernado entonces por el PSOE y CDL. En aquel momento, ambas partes acordaron rescindir la concesión de mutuo acuerdo a cambio de que Ortiz percibiera una indemnización millonaria por el valor de las obras ejecutadas y el Consistorio pudiera volver a sacar a concurso la gestión de la terminal. En el caso de que concurrieran nuevas empresas, la adjudicataria debería asumir el pago de la compensación a Ortiz; si el concurso quedaba desierto, el constructor implicado en tramas de corrupción como Gürtel o Brugal podría seguir al frente de la estación aunque, a partir de entonces, ya con toda la superficie legalizada.

En su momento, un arquitecto municipal tasó el edificio en 35 millones, de los cuales 8 ya estarían amortizados. La valoración fue cuestionada por el interventor del Ayuntamiento, al considerar que se basaba en parámetros «incorrectos». Ante esta divergencia, gobierno y representantes de Ortiz acordaron hace semanas encargar la tasación externa y, así, poder avanzar en el procedimiento. No obstante, habrá que seguir esperando.

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