Contratos realizados sin la celebración de pruebas selectivas, con un escrito del responsable del departamento como único origen del mismo, o tras una concatenación de contratos temporales que dieron origen a uno indefinido, a pesar de que esta práctica no tiene cabida en la Administración pública. Éstas son algunas de las irregularidades que ha detectado un informe externo irregularidades contratado por el Ayuntamiento de Benidorm y que ha puesto en la picota la contratación de hasta 86 empleados municipales, que entraron a trabajar en el Consistorio como personal laboral entre finales de la década de los 80 hasta el pasado 2015. O, dicho de otra manera, bajo gobiernos tanto del PP como del PSOE. Muchos de ellos podrían ser declarados ahora nulos de pleno derecho.
El trabajo, que firma la empresa Consultores de Gestión Pública y que ha costado a las arcas públicas alrededor de 6.000 euros, perseguía determinar la legalidad de estos expedientes legalidad a raíz de una denuncia efectuada por el grupo municipal socialista. Desde el PSPV-PSOE señalaron a estos 86 trabajadores después de que el actual alcalde, Toni Pérez (PP), anulara una contratación firmada por su antecesor, Agustín Navarro (PSOE), a una familiar directa pocos días antes de dejar la Alcaldía. Los socialistas se escudaban en que dicho «fichaje» se había realizado siguiendo el mismo procedimiento que los otros 86, motivo por el cual solicitaron su revisión e Intervención propuso que los analizara una empresa ajena al Consistorio.
Sobre el listado elaborado por el PSOE para su revisión, Consultores de Gestión Pública tomó una muestra aleatoria de 30 expedientes para poder extraer las primeras conclusiones, que ya han sido trasladadas. Y no pueden ser más contundentes. De los 30 casos analizados, en los 30 se ha detectado algún tipo de irregularidad y en 28 casos existen causas de nulidad contractual.
Ocho anomalías
En concreto, los técnicos de esta empresa han detectado hasta ocho tipos de anomalías, aunque la mayoría de contratos llegan a acumular varias a la vez. Entre ellas, el informe cita como primera irregularidad la «ausencia de pruebas de selección», que afecta a quince de los 30 expedientes analizados. La segunda sería la existencia de un «escrito del responsable del departamento como único origen de los contratos», que se repite en once expedientes. Otra irregularidad es el «encadenamiento de contratos, que da origen a contratos indefinidos», una práctica que en la Administración pública vulnera los principios de igualdad, mérito y capacidad que, según la ley, deben acreditarse en todos los procesos.
A continuación, el informe alude a «irregularidades formales», detectadas en cinco casos; pruebas selectivas «que no se corresponden con las funciones del puesto», en otros cinco casos; otros quince contratos que se realizaron con pruebas selectivas para contratos temporales «que sirven de base para otro tipo de contratos»; «irregularidades contractuales que dan lugar a contratos indefinidos» hasta en siete ocasiones; y, por último, la aplicación de «modalidad contractual no procedente», que se da en tres casos.
No se queda ahí el informe, porque las conclusiones apuntan la «omisión de procesos selectivos para acceso a puestos que vinculan al trabajador con la Administración» y la «desconexión entre los puestos ocupados en la actualidad y los procesos selectivos que dieron origen» a los contratos. Asimismo, se alude a la «inobservancia de normas y principios básicos en muchos procesos selectivos» y a las «malas prácticas en el uso de las modalidades contractuales temporales». El departamento de Personal tampoco queda bien parado puesto que señala, entre otros, que la información de los expedientes de los trabajadores «no asegura un fiel reflejo de la trayectoria profesional».
En vista del varapalo que ha dado el informe en el modo de proceder del Ayuntamiento en los últimos 30 años, la edil de Contratación, Lourdes Caselles, avanzó ayer que el gobierno local ha pedido a la empresa que amplíe el trabajo para saber qué contratos son subsanables y cuáles han de ser anulados. Por tanto, el gobierno local no descarta que haya que despedir a algunos de los trabajadores afectados si se concluye que sus contratos son nulos de pleno derecho.
Por su parte, el grupo Ciudadanos avanzó que llevará al próximo pleno una moción para que el análisis se amplíe a los otros 56 empleados. Su portavoz, Rafa Gasent, afirmó que, en el caso de que se obtengan resultados similares, no descartan pedir que la investigación abarque también la contratación de funcionarios municipales.
Helena Aguado Andreu
