Una auditoría encargada por el Ayuntamiento de Benidorm revela la existencia de numerosas supuestas irregularidades y deficiencias en la contratación de empleados municipales entre la década de 1980 y 2015.

Dicha auditoría, a la que ha tenido acceso Efe, ha sido realizada por la empresa Consultores de Gestión Pública, y pretende conocer el "cumplimiento de legalidad sobre una muestra de treinta contratos laborales".

A la vista de las conclusiones, las posibles deficiencias son múltiples y se han sucedido desde los años 80 hasta hace poco menos de un año, es decir, con gobiernos del PP y del PSPV-PSOE.

El origen de la auditoría se sitúa en la extinción del contrato de una trabajadora por algunas irregularidades detectadas. En las actuaciones administrativas que se giraron en torno a aquel expediente de revisión aparecieron documentos que permitían comparar dichas irregularidades con la situación de otros empleados municipales "que podrían encontrarse en similares circunstancias".

Al parecer eran 86 trabajadores, según denunció en su día el portavoz socialista, Rubén Martínez, los que podrían estar en una situación parecida, tras lo cual el ayuntamiento contrató a una auditora para que analizase una muestra de 30 contratos de aquella lista de 86 empleados.

En las razones para la realización del estudio la empresa ya pone de manifiesto las quejas del departamento de Intervención, del que dice que "ha observado históricamente importantes obstáculos al ejercicio de la función fiscalizadora en materia de personal".

La auditora aprecia un total de ocho presuntas irregularidades distintas detectadas en los expedientes, la mayoría de los cuales llegan a acumular varias deficiencias, el primero de los cuales es la "ausencia de pruebas de selección", que afecta a un total de quince expedientes de los 30 estudiados.

La segunda sería la existencia de un "escrito del responsable del departamento como único origen de los contratos", algo que se repite en once expedientes, la tercera es el "encadenamiento de contratos, que da origen a contratos indefinidos", algo que no puede darse en la administración pública "porque lo impiden los principios de igualdad, mérito y capacidad".

La cuarta alude a "irregularidades formales" y se han detectado cinco casos, la siguiente son las pruebas selectivas "que no se corresponden con las funciones del puesto" (5 casos) y le siguen que hubo pruebas selectivas para contrato temporal "que sirven de base para otro tipo de contratos" (15), "irregularidades contractuales que dan lugar a contratos indefinidos" (7) y la aplicación de "modalidad contractual no procedente" (3).

Llama la atención que los 30 expedientes auditados presentan, al menos, una irregularidad y que en 28 haya causas de nulidad contractual, según la auditoría, que cita la legislación.

No se queda ahí el informe porque las conclusiones apuntan la "omisión de procesos selectivos para acceso a puestos que vinculan al trabajador con la administración" y la "desconexión" entre los puestos ocupados en la actualidad y los procesos selectivos que dieron origen a la vinculación del trabajador con la entidad local.

Se alude, asimismo, a la "inobservancia de normas y principios básicos en muchos procesos selectivos" y a las "malas prácticas en el uso de las modalidades contractuales temporales".

De igual modo, incide en que para contratar trabajadores temporales "debe existir justificación documentada acerca de los motivos de urgencia o necesidad" y se refleja la "elevada tasa de precariedad en el empleo" con un "importante número de situaciones disfuncionales".

El departamento de Personal tampoco queda bien parado puesto que señala que la información de los expedientes de los trabajadores "no asegura un fiel reflejo de la trayectoria profesional" del empleado, y recalca la "deficiente utilización" de los sistemas de movilidad funcional y/o de provisión de puestos.

Esta auditoría ya es conocida por los grupos políticos, uno de los cuales, Ciudadanos (C's) ya ha presentado en el Registro municipal una petición para ampliar la auditoría "a la totalidad de los 86 empleados contratados de forma homóloga a los que se refiere el documento".