Benidorm deberá devolver más de medio millón a vecinos de la subzona C

Hay que tener en cuenta que las contribuciones especiales por las obras de urbanización de la subzona C llegaron a gravar el 85% de los costes de las mismas a los residentes. Unos cobros que afectaban a más de un centenar de vecinos. El problema es que el coste de la actuación se disparó, lo que provocó que se girara un nuevo recibo a los dueños de la viviendas de este área para costearla. No hay que olvidar que las obras estaban presupuestadas en unos 3,6 millones de euros pero que al final el precio llegó a duplicarse.

El aumento de los costes de las obras y, por ende, de las contribuciones especiales por las mismas llevó a los vecinos de la subzona C a oponerse en bloque ante la subida. De hecho, muchos han sido los procedimientos judiciales abiertos para dilucidar si el incremento de las tasas impuesto por el Consistorio se ajustaban a derecho. Se da la circunstancia de que en la gran parte de estos procesos abiertos, tras las denuncias vecinales, se ha dado la razón al Ayuntamiento frente a los residentes. Sin embargo, este auto emitido en diciembre del pasado año sí favoreció a los propietarios de viviendas en la subzona C, en concreto a 13 de ellos.

Por ello, el gobierno local del PP de Benidorm elevó a pleno la interposición de un incidente de nulidad ante el TSJ tras conocer el fallo del tribunal. Una medida que fue apoyada por el PSOE y a la que votaron en contra Ciudadanos (C's) y Liberales, mientras que Compromís y Ciudadanos por Benidorm optaron por la abstención. Con todo, la propuesta del ejecutivo popular salió adelante y, así las cosas, se trasladó un escrito al TSJ haciendo referencia a las sentencias previas que daban la razón a la administración local como fundamento para pedir la nulidad de la citada sentencia.

Sin embargo, el fallo del TSJ, al que ha tenido acceso este diario, desestima el incidente de nulidad interpuesto por el Ayuntamiento al entender que no existe «vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva» y considera que las sentencias previas a las que hace alusión el Consistorio tienen un «objeto y consideración distintos». En consecuencia, el auto judicial concluye que las argumentaciones del Ayuntamiento «carecen de fuste» y mantiene así la obligación para la administración local de devolver más de medio millón de euros a los vecinos. En concreto, la cantidad que el Consistorio deberá reembolsar asciende a 566.340 euros.

No obstante, la situación para las arcas locales podría agravarse si el resto de residentes afectados por las contribuciones especiales solicitan la revisión de sus casos y el TSJ llegara a fallar a favor de los vecinos. Una situación que podría elevar la cifra a devolver por parte del Ayuntamiento a varios millones de euros.

El presidente de la Asociación de Vecinos de Rincón de Loix-Sierra Helada, Adolfo Valor, consideró ayer que la desestimación del TSJ de la petición de nulidad del Consistorio es una muestra de que se trató de una «pirueta más del Ayuntamiento para tratar de combatir, en última instancia, la sentencia».

Por su parte, la edil de Urbanismo de Benidorm, Lourdes Caselles, aseguró que no se dan por vencidos en esta cuestión y recordó que el resto de sentencias relativas a la subzona C han dado la razón al Consistorio. Además, el alcalde de Benidorm, Toni Pérez, matizó que los técnicos municipales ya están estudiando la sentencia, que está fechada a 31 de marzo pero fue recepcionada ayer por el Ayuntamiento, para valorar si cabe un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional con el fin de no acatar esta orden judicial.

Por su parte, la portavoz de Liberales en el Consistorio, Gema Amor, recordó que su grupo votó en contra de solicitar la nulidad de la misma y consideró que la postura judicial del gobierno local en este asunto está siendo «poco acertada». «Confío en que no hagan perder más el tiempo a los vecinos y dejen de insistir en esta injusta decisión», zanjó la edil.