La portavoz del grupo Liberales de Benidorm, Gema Amor, exigió ayer al alcalde, Toni Pérez, que convoque un concurso público para seleccionar a la empresa que efectúe los trabajos de tasación de la estación de autobuses y que sea el Ayuntamiento quien asuma el coste de dicha valoración. Esta petición se realiza después de que el primer edil de Benidorm anunciara ayer que su intención es que sea el empresario alicantino Enrique Ortiz quien pague la valoración externa, al ser el constructor y actual gestor de la terminal.

No hay que olvidar que el Tribunal Supremo (TS) emitió una sentencia en 2012 que obligaba a rescindir el contrato de explotación de la estación de autobueses entre el Ayuntamiento de Benidorm y el empresario alicantino. Un fallo que todavía no se ha cumplido. Entre los últimos pasos dados por el gobierno local del PP para acatar la cita orden judicial se encuentra el encargo de un estudio externo al Consistorio para determinar el coste de la terminal y fijar la cifra con la que se debe indemnizar a Ortiz. Un estudio que el ejecutivo municipal pretende que pague el empresario.

Sin embargo, la representante de Liberales, criticó ayer que el primer edil benidormense pretende que Ortiz «sea juez y parte a la hora de fijarse el valor de la estación de autobuses». Amor fue más allá y denunció que «el PP vuelve a los chanchullos e irregularidades de la época de las rotondas y relojes de Pérez Fenolll y Ortiz, tal y como se recoge en el sumario judicial del caso Brugal, en el que también aparece el actual portavoz del gobierno, José Ramón González de Zárate».

En este sentido, Amor emplazó al gobierno local popular a convocar «un procedimiento abierto y cumpliendo con todas las garantías legales al que se presenten empresas solventes, independientes y de reconocido prestigio para realizar los trabajos de valoración». La portavoz de Liberales, además, reclamó a los gobernantes populares que «no copien y peguen» el pliego que se presentó al procedimiento con el que el Ayuntamiento contrató un servicio externo para la tasación de inmuebles municipales. Un acuerdo que sigue vigente a día de hoy y al que sólo optó el arquitecto Julio Turmo, que «casualmente» es el mismo, que siete meses antes intentaron colar de tapadillo a través de una relación de gastos, como así denunció la oposición en bloque, en agosto de 2015, recordó la concejal.

Además, Amor apuntó que en el pliego de condiciones de la estación de autobuses no existe cláusula alguna por la cual el concesionario de la terminal deba asumir dichos trabajos y lo que es «mucho peor», ante la entidad y magnitud de la infraestructura que según los últimos informes técnicos municipales podría rondar cerca de los cuarenta millones de euros.