El Ayuntamiento de Benidorm iniciará de nuevo el expediente de resolución del contrato de gestión de la piscina municipal, así como el de lesividad del rastro que pretende implantarse en la antigua N-332, según ha acordado hoy la corporación en pleno.

La causa, en ambos casos, obedece a que se ha sobrepasado el plazo establecido de seis meses sin que hayan podido cerrarse a tiempo los expedientes.

El relativo a la piscina, un informe del secretario municipal considera que ha caducado, por lo que el proceso deberá iniciarse de nuevo por el mismo motivo por el que se incoó el primer expediente: el incumplimiento por parte de la empresa concesionaria del pliego de condiciones.

El nuevo expediente incorporará, no obstante, todos los documentos y actuaciones realizados en el ya caducado y habrá de solicitarse de nuevo un preceptivo dictamen al Consell Jurídic Consultiu, que, con posterioridad, volverá a ser llevado a pleno.

Respecto al caso del rastro de la N-332, el plazo para finalizar el expediente de lesividad expiraba hoy. Sin embargo, todavía se está a la espera de un informe externo encargado a la Universidad de Alicante (UA) sobre la repercusión de esa actividad.

Los grupos de la oposición han achacado al gobierno local, del PP, de "falta de diligencia" y han exigido "celeridad" para evitar que la situación se repita.

El portavoz socialista, Rubén Martínez, ha lamentado que "hayan pasado seis meses y la empresa siga allí", y ha expresado su deseo de que "no acabe la concesión sin haber logrado que se marche".

Martínez ha criticado que en su día "se hiciera un anuncio de desalojo que ha creado falsas expectativas". A su vez, su homólogo de Ciudadanos (C's), Rafael Gasent, ha mostrado su "malestar" porque, según ha asegurado, este procedimiento "no lo entiende la gente de la calle, que ve como una empresa incumple y sigue ahí".

Mientras, la líder de Liberales, Gema Amor, ha culpado al gobierno popular de hacer, en su opinión, "el ridículo de forma permanente".

Durante la sesión de hoy, con más de ocho horas de duración, la corporación municipal ha aprobado, con los votos de PSPV-PSOE, C's, Compromís Los Verdes, CBM y el edil no adscrito, una moción socialista en la que se insta a la Generalitat a que habilite más inspectores de Trabajo para controlar la explotación laboral en sectores como la hostelería, el comercio y los servicios.

Del mismo modo ha salido adelante otra propuesta de PSPV-PSOE y C's para iniciar "la aprobación inicial del reglamento Regulador de las Condiciones de Trabajo de los técnicos deportivos municipales".

Esta moción ha estado advertida previamente de su "posible ilegalidad" por parte del alcalde, Toni Pérez, a raíz de un informe de Intervención y del criterio del secretario municipal.