La preocupación de los hosteleros del paseo marítimo por si el Ayuntamiento les impedía instalar más sillas y mesas en sus terrazas, en aplicación a la ordenanza municipal de ocupación de espacio público en estas fechas de Semana Santa, se ha eliminado de momento. En una reciente reunión mantenida entre un grupo de treinta restauradores y el alcalde de Altea, Jaume Llinares, para solicitar que no se aplique la ordenanza, tras la visita a los establecimientos por la Policía Local efectuada a principios de este mes para avisarles que deben retirar las mesas y sillas que exceden del número de mobiliario permitido, se llegó a un acuerdo para que mantengan su ocupación de la vía pública, aunque una vez pase el periodo vacacional de las pascuas, tras el lunes de San Vicente, continuarán las conversaciones para dar una solución al exceso de ocupación.

En la reunión, el alcalde estuvo acompañado por el concejal de Infraestructuras, Roque Ferrer, y la concejala de Comercio, Anna Alvado. El encuentro había sido solicitado por los propietarios de restaurantes y bares en el paseo marítimo ante el temor a «posibles sanciones por la invasión indebida de espacios públicos». Los representantes del gobierno municipal escucharon las quejas de los comerciantes, que «nos vemos afectados precisamente en Semana Santa, una de las fechas de mayor afluencia turística al municipio», según explicaron. Jaume Llinares manifestó que «la decisión de este gobierno es aplicar la ordenanza existente ya que, hasta la fecha, se han cometido abusos por parte de algunos comerciantes que han invadido sistemáticamente un espacio público destinado a los peatones». Sin embargo, el alcalde también afirmó que «somos conscientes en el equipo de gobierno de que estamos ante unas fechas clave en la economía local», por lo cual se comprometió «a dejar pasar los días de Semana Santa y de Pascua sin aplicar la Ordenanza de Ocupación de Espacio Público», aunque una vez finalizado el período festivo «se proseguirá estudiando las propuestas que mejoren tanto la regulación del uso de mobiliarios y cerramientos entre todos los agentes afectados, es decir, comerciantes, vecinos, asociaciones, etc.», así como en «poner todos los mecanismos que favorezcan una Altea sostenible que permita un turismo de calidad». Llinares aseveró que todo ello «servirá para modificar la actual Ordenanza haciéndola más acorde a la realidad actual».

Los restaurantes del paseo marítimo tienen un problema con el carril bici, que pasa por en medio de las terrazas de muchos de ellos. Según el edil de Infraestructuras, Roque Ferrer, además del carril bici, «que es un problema heredado de la anterior legislatura en que gobernaron el PP y Cipal», la ocupación de la vía pública en el paseo «es excesiva con mesas, sillas, sombrillas ancladas al suelo y cartelería, todo prohibido por la actual ordenanza reguladora». Ferrer afirmó que el problema del carril bici «se agrava por un problema de seguridad que afecta a los camareros y ciclistas que necesariamente coinciden cruzando por el mismo lugar, lo que supone una elevada probabilidad de accidentes. De hecho, es tal el peligro que en años anteriores el carril bici ha sido cerrado al paso de bicicletas en periodo estival para evitar esa situación», apostilló.