El PP de Altea sigue denunciando favoritismos del equipo de gobierno municipal, formado por la coalición Compromís-PSOE-Altea amb Trellat, en la adjudicación de contratos a familiares de los concejales gobernantes. Ayer, el portavoz del grupo municipal popular, Pedro Barber, aseguró en una nota de prensa que el alcalde de Altea, Jaume Llinares, «ha troceado el contrato de climatización de los edificios municipales, valorado en 29.400?, para adjudicar de nuevo una parte del mismo al padre de Roque Ferrer (PSOE)». Según los populares, el pasado 23 de diciembre se invitó a cuatro empresas para que presentasen un presupuesto global de varios trabajos de climatización de los edificios municipales por un importe de 29.400 euros, con fecha de entrega límite el 15 de enero de 2016. Una vez recibidas las propuestas, «se requirió a la empresa del padre de Roque Ferrer para que modificase el presupuesto, presentándolo de nuevo tres semanas después de haber finalizado el plazo. Algo inaudito y sólo entendible por ser familiar del concejal de Escena Urbana con el único objetivo de adjudicarle una de las partes valorada en 7.700 ?», aseveró Barber.
Desde el equipo de gobierno municipal desmintieron «rotundamente» las acusaciones del portavoz popular en una nota remitida a media tarde de ayer. Según el alcalde Jaume Llinares, el proceso de contratación «ha sido llevado a cabo por los técnicos municipales en todo momento, sin que ninguno de ellos haya advertido ninguna irregularidad». Llinares aseveró que no se ha troceado el contrato puesto que «se trata de servicios diferentes que no tienen por qué ser adjudicados en un contrato global». De hecho, afirmó, «se pagan de partidas presupuestarias distintas como venía haciéndose en la pasada legislatura». El alcalde incidió en que el PP «adjudicaba directamente todos estos contratos a dedo siempre a una misma empresa» y aseguró que existen «casos de auténtico monopolio en ciertas firmas, un hecho muy grave que se tenía que acabar». Remarcó que «hemos ahorrado 6.131,70 euros, ya que en 2015 el PP adjudicó todos estos servicios a una sola empresa por un importe de 29.400 euros, mientras que este año ha sido de 23.268,30 euros y han trabajado tres empresas diferentes de la ciudad».
