El Ayuntamiento de Altea se encuentra en una situación financiera «bastante grave» según se desprende de las declaraciones efectuadas ayer en una rueda de prensa por el alcalde Jaume Llinares y por el concejal de Hacienda, Pere Lloret, quienes explicaron que el desarrollo del Ayuntamiento y los proyectos de futuro para mejorar el entorno y la calidad de vida de los alteanos «estarán hipotecados durante una década como mínimo para hacer frente a una deuda que oscila entre los 38 y los 40 millones de euros fruto de diversas sentencias judiciales contra el Ayuntamiento y de la obligación de devolver diversos préstamos bancarios». Según Lloret, el capítulo de deuda más importante se acerca a los 15 millones de euros, «que con toda probabilidad habrán de pagarse este año por las sentencias condenatorias definitivas de los contenciosos del PAI del río Alga que el TSJ nos ha condenado a pagarle 12,3 millones al urbanizador Altea Futura, 1,1 millones de los intereses de la deuda a la UTE Agricultores de la Vega por construir el palacio de deportes, y 1,6 millones a FCC Medio Ambiente». El resto de la deuda contempla la devolución de 20 millones en préstamos bancarios o hipotecarios, tanto del Ayuntamiento como de la Empresa Pública Municipal, además de otras cifras menores que oscilan entre los 80.000 y los 325.000 euros a diferentes empresas.
