Navarro insiste en derivar la responsabilidad de los contratos en los técnicos y la junta

El exalcalde reitera que tenía delegadas las competencias de contratación ante el juez que le investiga por prevaricación

13.03.2016 | 02:58
Navarro insiste en derivar la responsabilidad de los contratos en los técnicos y la junta

Hizo lo que le recomendaron los técnicos y lo que consensuó con el resto de concejales que formaban la junta de gobierno. El exalcalde de Benidorm y actual edil y diputado provincial, el socialista Agustín Navarro, declaró ayer ante el juez titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm, que instruye la causa de los supuestos enchufes en el Ayuntamiento en la que el propio Navarro está investigado –la antigua figura jurídica de imputado– por presuntos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos.

Junto al exalcalde, también están investigados en la causa por los mismos supuestos delitos el concejal de Personal entre los años 2009 y 2011, Juan Ramón Martínez (PSOE), ahora ya retirado de la política activa; y la funcionaria y exjefa del departamento de Recursos Humanos, Carmen Navarro. Ambos tenían que prestar también ayer declaración ante el magistrado, pero una avería en el sistema de grabación del juzgado obligó a dejar a la mitad la declaración de la técnico y a posponer la del exconcejal para más adelante.

El exalcalde estuvo ante el juez durante más de dos horas y media y a lo largo de su declaración, según ha podido saber este diario, habría reiterado que él no fue el único responsable de los contratos puestos en cuestión en la causa, dado que las competencias en materia de recursos humanos estaban delegadas tanto en el concejal del departamento –Juan Ramón Martínez– como en la junta de gobierno que gestionó el Consistorio desde la moción de censura de septiembre de 2009 hasta las municipales de mayo de 2011. Asimismo, el edil también habría vuelto a poner sobre la mesa que los contratos estuvieron avalados por informes de los técnicos y en criticar el trasfondo político de la denuncia en su contra.

Ahora bien, a diferencia de ocasiones anteriores, donde Navarro sí explicó con posterioridad distintas cuestiones que se habían abordado en sus declaraciones previas, el ahora concejal se limitó ayer a afirmar ante los medios que había respondido a todas las preguntas de sus abogados, entre ellos el afamado Javier Boix; de los letrados del resto de investigados y a las cuestiones planteadas por el propio juez, aunque no a las de la acusación particular, que representa al Sindicato Profesional de Policías Locales y Bomberos (SPPLB). Asimismo, dijo estar «tranquilo a nivel personal» y haberse quitado «un peso de encima» por haberse podido explicar «tras estar tres años con la etiqueta de imputado», pero no quiso entrar en ningún otro detalle de la declaración.

La causa se inició en el año 2013 cuando la Fiscalía pidió abrir una investigación al exalcalde tras una denuncia remitida al ministerio público por el sindicato SPPLB. Los hechos denunciados tienen que ver con la firma de hasta 130 contratos temporales en 2010, de los que 43 fueron a parar a personas con vínculos familiares o políticos con el PSOE local, cuando el Gobierno central había prohibido incrementar las plantillas. También, con la concesión de pluses, complementos y ascensos a funcionarios afines entre 2010 y 2011, entre otros motivos. La suma de todo ello generó un desfase presupuestario de 4,5 millones en el capítulo de Personal, según los informes de Intervención.

Tras el testimonio del exalcalde, ayer también compareció ante el juez la anterior jefa del área de Recursos Humanos, Carmen Navarro. No obstante, tras más de una hora de declaración, una avería técnica obligó a suspender la vista. La funcionaria, que posteriormente no quiso hacer manifestaciones, y el exedil Martínez tendrán ahora que esperar a volver a ser citados para poder explicar su grado de participación en los hechos.

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