El concejal de Infraestructuras y Ciclo Hídrico de Altea, Roc Ferrer, especificó ayer que el Ayuntamiento multará a los usuarios que consuman más de 100 m3 al mes de agua, solo en el caso de que entren en fase de emergencia de sequía este verano. Estas escalas, según Roc Ferrer, las establecen organismos supramunicipales y, actualmente, «nos encontramos en fase de alerta. Si no llueve de aquí a los meses de julio y agosto tendremos que aplicar este tipo de sanciones, ya que la escasez de agua pasaría a ser mucho más preocupante», matizó.

Estas multas entran dentro de una ordenanza reguladora del abastecimiento del agua que aprobó el Ayuntamiento en el pasado pleno. Una normativa municipal que ha abierto el debate entre el equipo de gobierno tripartito (Compromís-PSOE-Altea amb Trellat) y el principal partido de la oposición, el PP. De hecho, desde la formación popular llovieron duras críticas hace un par de días. Su portavoz, Pedro Barber, manifestó que esta ordenanza pretendía aplicarse solo en las urbanizaciones Sierra Bernia, Altea Hills y Mascarat, «discriminando así a estos vecinos con respecto a los del resto del municipio, convirtiéndolos en alteanos de segunda», destacó el edil del PP. También indicó que los residentes de dichas urbanizaciones llevan años pidiendo la unificación del servicio en todo el municipio, y «el gobierno solo ha sido capaz de llegar a esta solución fácil y discriminatoria, que es la de sancionarles con 3.000 euros con el único afán recaudatorio».

Pedro Barber criticó que el alcalde, Jaume Llinares, «ha justificado la decisión con afirmaciones falsas como que en verano en estos lugares se llenaban hasta 1.000 piscinas o que el consumo medio por vivienda es de 100m3/mes, cuando no alcanza ni los 15 m3/mes», argumentó.

Desde el equipo de gobierno cuestionaron ayer la «alarma social que está tratando de fomentar el Partido Popular» que, según su criterio, «perjudica tanto al sector turístico como a los residentes del municipio», dijeron

Según reseñaron ayer en un comunicado, «la decisión de aprobar la ordenanza para aplicar medidas excepcionales en caso de sequía, se ha tomado para priorizar el abastecimiento de agua potable. Sobre todo, como mecanismo de anticipación a posibles restricciones y evitar cortes, frente a un escenario de dificultad».

El equipo tripartito recalcó que «nosotros, al contrario que el PP, tenemos claro que no debemos permitir usos accesorios como el llenado de piscinas o el riego de grandes superficies ajardinadas con agua potable cuando estamos sufriendo un período de sequía tan prolongado. Nuestra obligación es concienciar a nuestros conciudadanos y a las personas que nos visitan en época estival de la necesidad de hacer un uso responsable del agua. Por ello, la actitud del PP nos parece absolutamente irresponsable».