La juez de lo Mercantil 1 de Alicante ha suspendido la fase del concurso de acreedores de Olga Urbana, promotora del rascacielos In Tempo de Benidorm rascacielos In TempoBenidorm, en la que se determina si existió o no algún culpable de que esta mercantil llegara a esta situación de quiebra, que ha paralizado la construcción de las torres (se encuentran al 96%) y le ha generado una deuda de 141 millones de euros. Dicha fase, en términos judiciales, se denomina Pieza Sexta, y la petición de que se frene la ha realizado la propia administradora concursal, Antonia Magdaleno.
La razón que Magdaleno le expuso al magistrado en un escrito, el pasado mes de febrero, es la siguiente: la administradora cuenta con incidentes por parte de empresas acreedoras en los que señalan que la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) y Abanca (nombre que recibe ahora Novagalicia) habían actuado, presuntamente, como administradores de hecho de Olga Urbana. «Es decir, que durante la obra, realizaron labores de gestión de la misma», matizaron fuentes cercanas al concurso.
Por lo tanto, la administradora argumenta en su escrito que el Informe de Calificación -en el que se determinará si hay o no culpable- se podrá emitir cuando se resuelva si existió «administración de hecho de los demandados (...) y si son personas especialmente relacionadas con el deudor», reza en dicho documento enviado al magistrado.
Punto clave: la función de la Sareb
El dato de que la Sareb (conocida también como el «banco malo») se considere administrador de hecho es reseñable en este procedimiento concursal no solo por la Pieza Sexta. Cuando Antonia Magdaleno inició el proceso de liquidación de Olga Urbana confeccionó una lista en la que determinaba el orden de cobro de los diferentes acreedores, estableciendo escalas de prioridad: privilegio especial, privilegio general, ordinario y subordinado. La Sareb aparecía en el escalafón de privilegiado. Cabe recordar que el «banco malo» heredó el crédito de 93 millones de euros de Novagalicia (actualmente Abanca) con el que la promotora de l'Alfàs del Pi financiaba la construcción de estos dos grandes bloques de más de 200 metros de altura.
Varios acreedores presentaron recursos cuando se publicó esa clasificación. Entre otras cosas, porque entendían que la Sareb no debía de estar en primera posición, aludiendo a que había ejercido el papel de gestor. «Si finalmente se determina que el "banco malo" realizó labores de administrador, se le colocaría como acreedor subordinado y se quedaría en el vagón de cola para cobrar. La ley determina que los creditos que ostenten los gestores deben ser subordinados, puesto que eso los hace responsables de que se generara esta situación. Actualmente, Olga Urbana mantiene una deuda con la Sareb de alrededor de 100 millones de euros. Al estar considerada como una especie de hipoteca, tiene este puesto privilegiado», detallaron las fuentes antes citadas implicadas en este concurso.
Sin posibilidad de ver ni un euro
Este «batalla» legal para tomar un puesto preferente a la hora de cobrar radica en que el precio por el que estiman los especialistas que se venderá este rascacielos, que sin estar acabado ya es un auténtico símbolo en el «skyline» de Benidorm, no superará los 50 millones de euros. Por lo tanto, si finalmente el «banco malo» se queda como privilegiado, muchos acreedores, sobre todos los pequeños -por ejemplo, los particulares que pagaron una entrada para adquirir una vivienda- no tienen demasiadas posibilidades de ver ni un euro.
Entre las empresas que presentaron incidentes está Kono, que realizó la estructura del In Tempo, y el estudio de Roberto Pérez Guerras, arquitecto del rascacielos. También el empresario Isidro Boronat, que estuvo vinculado a Olga Urbana.
Citados por el juez en junio
El juez ha citado a las partes a una vista en junio para abordar este asunto, según las mismas fuentes implicadas en este concurso. Asimismo, plantean la duda de si todo este conflicto podría incidir en el proceso de subasta. En enero se abrió el plazo para la presentación de ofertas, que acabaría a principios de abril. Cabe la posibilidad de prórroga de otros tres meses. «El juez tendrá que posicionarse al respecto», expresaron.
