Los vecinos de Altea que este año hagan un mal uso del agua «y la consuman en exceso sin respetar las alertas de sequía, serán sancionados por el Ayuntamiento». Así lo anunció ayer el concejal de Infraestructuras y Ciclo Hídrico, Roque Ferrer, en el debate de una moción presentada por el equipo de gobierno -Compromís, PSOE y Altea amb Trellat- para aprobar una ordenanza municipal reguladora de «medidas excepcionales aplicables al abastecimiento de agua en caso de sequía» durante el pleno municipal que tuvo lugar ayer.
Ferrer destacó que con esta ordenanza «se garantiza que todas las casas de Altea tendrán agua cada vez que abran el grifo» y aseguró que «no es una ordenanza recaudatoria, sino ejemplarizante», pues esta «pretende evitar cortes de agua». La ordenanza viene motivada «por la ausencia de precipitaciones en los últimos años previendo la posibilidad de una fuerte sequía este próximo verano 2016, con las consiguientes restricciones de agua potable», aseveró el edil.
Liberalización de la AP-7
El pleno también aprobó ayer que el Ayuntamiento pida la liberalización del tramo de la autopista AP-7 a su paso por el término municipal de Altea «dada la elevada intensidad de tráfico y la alta siniestralidad de las carreteras nacionales que discurren paralelas a esta autopista, de manera que se puedan reducir las cifras de siniestralidad de estas vías», explicó la edil socialista Verónica López. Asimismo, se acordó pedir al Gobierno central que «garantice el rescate general de la concesión de la AP-7 en la fecha prevista para su extinción (2019), sin prórroga posible».
