El alcalde de l'Alfàs del Pi y diputado en las Cortes Valencianas por el PSOE, Vicente Arques, se ha escudado en su condición de aforado para no acudir a declarar en el Juzgado de Instrucción 4 de Benidorm, donde ha sido citado en condición de investigado -que es como ahora se denomina a los imputados-. La magistrada lo había convocado el próximo 17 de marzo dentro de las diligencias previas de un procedimiento en el que se investiga el funcionamiento de una perrera clausurada en noviembre de 2014 en l'Alfàs del Pi.
Una causa que parte de una denuncia del grupo municipal del PP en l'Alfàs -cabe recordar que actualmente varios de estos concejales figuran en esta corporación como no adscritos- en la que ponían en tela de juicio la manera de funcionar de esta Asociación de Auxilio de Animales. Un centro que el grupo popular en l'Alfàs criticó, en varias ocasiones, por supuestos maltratos a perros, y supuestas irregularidades administrativas, «como la subvención de más de 100.000 euros que el Consistorio le abonó durante 7 años», reseñaron.
Sobre estos mismos hechos, la juez ya ha tomado declaración a tres concejales socialistas del Ayuntamiento alfasino en calidad de investigados, así como a dos funcionarios. Arques aseguró ayer a este periódico que está «tranquilo» puesto que «nosotros actuamos con informes favorables tanto de intervención como de la secretaría municipal». También indicó que «he presentado mi certificado de aforado como diputado autonómico porque es lo que siempre he hecho cuando me han llamado a declarar». El TSJCV será el que tenga que decidir ahora si le cita o no para que comparezca por estos mismos hechos.
Maite Huerta, miembro del PP y concejal no adscrita en este Ayuntamiento, fue la que realizó esta denuncia. Ayer reseñó a este diario que «no entiendo que Arques, tras asegurar que el expediente está inmaculado, se acoja ahora a su aforamiento».
