El juzgado de Instrucción número 1 de Benidorm investiga si cinco agentes de la Policía Nacional han cometido un delito de revelación de secretos. Cuatro de ellos han sido citados para declarar en primavera como imputados -ahora llamados investigados- y otro ya testificó el pasado mes junio. Estos cinco policías formaban parte, en el año 2014, del sindicato el SUP y, a través del mismo, presentaron una denuncia contra el responsable de la Brigada Local de Policía Judicial de Benidorm por cinco supuestas detenciones ilegales en julio de ese año. La utilización de datos de carácter reservado que se les imputa está vinculada con la investigación que realizaron de irregularidades en relación a los arrestados en dicha Comisaría.
Según fuentes cercanas a este procedimiento, el SUP denunció que el responsable de la citada Brigada había aplicado una orden interna de manera negligente, vulnerando los derechos fundamentales de, al menos, cinco detenidos, reteniéndolos en Comisaría más tiempo del necesario.
En concreto, los sindicalistas criticaron que este alto mando ordenó, de manera verbal, que no se traslasdara a ningún arrestado al juzgado después de las 11 horas. El sindicato entendía, en su denuncia, que esta práctica es ilegal porque el ordenamiento de la Policía Nacional impide mantener a una persona bajo custodia más allá del tiempo preciso para la investigación.
El SUP en su escrito detallaba que, entre el 15 y 2l 23 de julio de 2014, se produjeron estas cinco detenciones que tildan de ilegales. El inspector jefe denunciado, según el sindicato, estuvo al frente de estas dependencias policiales durante este periodo, por vacaciones del comisario.
La polémica se inició cuando en 2014 se trató de reorganizar el tema de las conducciones en Benidorm. El 1 de julio de 2014 el comisario estableció, a través de una orden de servicio, que a las 11 horas se trasladara al juzgado a todos los detenidos con los atestados cerrados. Cinco días antes, jueces y fuerzas de seguridad en Benidorm habían desarrollado un protocolo de actuación, en el que fijaban las 12 del mediodía como la hora para conducir a los arrestados.
«Tanto este protocolo como la orden especificaban que si había detenidos después de las 11 ó las 12, se podía contactar con los responsables del juzgado con el objetivo de ver si era posible trasladarlos», especificaron fuentes cercanas al procedimiento. Según la denuncia, el problema se produjo cuando el reponsable de la Brigada Judicial se quedó al frente de la Comisaría quince días después y se negó a trasladar a detenidos después de las 11 horas. El SUP manifestó que este inspector jefe, al parecer, llegó a amenazar con la apertura de un expediente a aquellos que desoyeran su orden.
Poco después de esta denuncia, el responsable de la Policía Judicial denunció que había sido objeto de injurias y calumnias por parte de estos miembros del sindicato y que habían utilizado datos de carácter reservado para denunciar los hechos, lo que motivó una investigación interna en esta Comisaría. En las conclusiones finales de este informe, se considera que alguno de los agentes podía haber consultado, de forma ilegítima, los datos de los arrestados para elaborar la denuncia, indicaron fuentes cercanas a este procedimiento.
«No hubo ningún habeas corpus»
Finalmente, la Comisaría Provincial de Alicante trasladó esta información reservada a los juzgados de Benidorm y el de Instrucción 1 abrió un procedimiento. Entre otras diligencias, llamó a declarar como testigo al actual comisario. El responsable de estas dependencias policiales reseñó ayer a este diario «que la autoridad juridicial será la que dictamine responsabilidades». El comisario quiso subrayar que «aquí no se ha producido ningún tipo de detención ilegal. De hecho, los propios jueces, en 2014, nos felicitaron y no registramos ningún habeas corpus».
