El Ayuntamiento de Benidorm va a recurrir ante el Tribunal Supremo una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunidad Valenciana que obliga al Consistorio a pagar cerca de seis millones de euros por la expropiación de un suelo en la partida El Moralet, propiedad de la mercantil Iniciativas Comerciales Benidorm SL (Incobe). En concreto, el fallo condena a la corporación a abonar 5.963.131,29 euros por el terreno. La sentencia, dictada el pasado 4 de febrero, fue notificada el pasado jueves al Ayuntamiento y ayer se trasladó a todos los grupos municipales.

Pese a que el fallo judicial ratifica la cantidad fijada en marzo de 2013 por el Jurado de Expropiación Forzosa de Alicante y rechaza las hojas de aprecio presentadas por el Ayuntamiento y por Incobe, la autoridad municipal de Benidorm está dispuesta a personarse ante el Supremo para impedir que la mercantil propietaria del solar eleve el precio de la compra forzosa. «Nos tememos que la empresa va a recurrir para reclamar que la expropiación se incremente hasta los 50,1 millones de euros», señaló ayer la edil de Urbanismo y portavoz del gobierno local, Lourdes Caselles, quien indicó que se va a plantear un recurso de casación ante el Supremo para para «salvaguardar y proteger el interés general». Hay que tener en cuenta que la hoja de aprecio municipal, encargada por el anterior gobierno bipartito a una empresa externa, estima el coste de la expropiación en 99.863 euros (72.773 euros más el 5% del premio de afección). Sin embargo, la empresa propietaria del suelo eleva la cantidad a los 50 millones de euros. Así, reclama un total de 50.139.743 euros por el solar sobre el que pese la compra forzosa.

Asimismo, Caselles indicó que para evitar «sorpresas desagradables» como ya ocurrió la pasada legislatura con una de las expropiaciones del parque de Foietes, es necesario que el Ayuntamiento esté presente en el procedimiento «para que su posición sea tenida en cuenta» y para poder defender que el justiprecio debe ser inferior a 5,9 millones de euros.

El procedimiento expropiatorio se remonta a 2012. En principio los técnicos municipales plantearon que lo más conveniente era hacer frente a la compra forzosa entregando a la propiedad aprovechamiento urbanístico a cambio del suelo, recordó Casalles, quien señaló que tras la entrada en el gobierno de los liberales de Gema Amor, el Ayuntamiento optó por pedir a una empresa externa que valorara ese suelo. Esta valoración redujo el precio de los terrenos hasta los 73.000 euros.