El alcalde de Benidorm, Toni Pérez (PP), defendió ayer la labor de su gobierno en el caso de las presuntas actividades ilegales cometidas por funcionarios en el programa de penados con trabajos comunitarios tras la Junta de Portavoces que se celebró ayer en Benidorm para tratar sobre este asunto. Al término de la reunión el primer edil lamentó que el caso «haya dañado la imagen del Ayuntamiento, de la ciudad y de los funcionarios».
En declaraciones a los periodistas, el regidor popular de Benidorm aseguró que su gobierno ha actuado «con responsabilidad», puesto que «nada más tener conocimiento por parte del responsable del programa, se aceptó su renuncia, se nombró a otra persona como responsable y se abrió expediente informativo». Una vez resuelto el expediente, «nuestra actuación será contundente y de acuerdo a lo que marca la ley», recalcó Pérez, quien recordó que los hechos denunciados «arrancaron en 2013 y muchos de ellos ya están en la vía judicial».
Por otra parte, el Observatorio Contra la Corrupción (OCC) denunció «el desamparo» con el que se encuentran los funcionarios que denuncian supuestos casos de corrupción en la administración pública, y puso como ejemplo al criminólogo del Ayuntamiento de Benidorm que fue apartado el pasado diciembre de su cargo, tras denunciar las supuestas actividades irregulares de los funcionarios en el programa de penados con trabajos comunitarios.
