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Tárbena

Casa Pinet, al borde del desahucio

Los dueños del histórico restaurante inician una campaña para que el Consistorio no les desaloje

Jeroni Moncho Pascual, alias Pinet, entre su nuera y su hijo, en el local que pretenden que no les cierren DAVID REVENGA

Jeroni Moncho Pascual, conocido como Pinet, proviene de una saga de inconformistas y revolucionarios. Un espíritu que recorre cada rincón del local que abrió hace 42 años bajo la casa consistorial de Tárbena: Casa Pinet, un auténtico museo y punto de encuentro para los amantes de la historia de la izquierda en nuestro país y de los defensores de la lengua valenciana. Pinet, a sus 78 años, no ha perdido su alma combativa. De hecho, piensa plantar cara a la decisión del Ayuntamiento de Tárbena de iniciar los trámites de desahucio del local en el que tiene instalado su negocio, que es una propiedad municipal. Así reza en un decreto emitido por el citado Consistorio el pasado 15 de enero, en el que también se expone que el contrato de arrendamiento con la empresa de Pinet se encuentra extinguido.

Según Jeroni Moncho Ferrer, hijo de Pinet y actual responsable del restaurante, el contrato expiraba en noviembre de 2014 por lo que «llevamos tiempo negociando con el Ayuntamiento una posible solución para renovarlo».

Moncho Ferrer explicó que le expusieron al gobierno local, que ostenta una coalición del PP y el PSOE, dos opciones: Por un lado, generar un contrato de alquiler de cinco años con opción de ampliación. Menos tiempo, según su criterio, no les sale rentable, por todas las reparaciones que tienen que realizar en breve, «lo que nos supone una inversión». Por otro, que el Ayuntamiento solucione la situación urbanística de un caserón que tienen en las afueras del pueblo para trasladarse. «Hace años que el suelo sobre el que se construyó esa casa se cambió y se puso la mitad como rústico y la otra mitad como urbanizable. Eso nos impide realizar allí cualquier tipo de actividad si no nos concede la autorización el Consell. Sin una modificación del PGOU del Ayuntamiento, cualquier solicitud que hagamos a la Generalitat nos vendrá denegada», expuso.

Por ahora, según detalló Moncho Ferrer, el Consistorio les ha puesto sobre la mesa el borrador de un contrato de dos años, «en el que introduce una cláusula con la que tememos que nos podrían quitar el local en el caso de que les salga un comprador», especificó. En dicho documento, al que pudo tener acceso este periódico, se puntualiza que «el arrendatario manifiesta (...) su deseo de renunciar a lo dispuesto en el artículo 31 de la vigente Ley de Arrendamientos Urbanos, en cuanto al derecho de la preferente adquisición en el caso de venta del local arrendado».

De momento, la familia de Pinet ha iniciado una campaña de recogida de firmas a través de la plataforma change.org para que no se cierre su local. Ayer, a las 22.00 horas, la cifra de firmantes ascendía a 1.500.

«Nos atenemos a la ley»

El teniente de alcalde de Tárbena y concejal de Urbanismo, Thierry Vicente Armand, aseguró que el equipo de gobierno ha ampliado su oferta de duración del contrato de alquiler a cinco años, aunque no disponía de ningún documento que lo certificara. «Ha sido una proposición verbal que no han aceptado, porque ellos quieren que se renueve automáticamente y nosotros dejarle esa decisión al próximo equipo de gobierno», detalló el edil.

Thierry Vicente Armand manifestó que a él, personalmente, no le gustaría que se acabara cerrando Casa Pinet, «ya que yo siempre he asociado este pueblo a este restaurante tan histórico, que nos ha dado mucha promoción. Pero el gobierno, al final, tiene que atenerse a lo que dice la ley. Y, a día de hoy, este negocio está funcionando sin contrato de alquiler», apostilló. Armand reseñó que han iniciado contactos con Conselleria para tratar de recalificar el suelo que solicita la familia de Pinet, algo que no confirmaron ni desmintieron fuentes de la Generalitat consultadas por este diario.

Pinet y los suyos negaron que desde el Consistorio se les haya propuesto ampliar la duración del contrato durante cinco años. También denunciaron que les habían bloqueado su página de Facebook. El Consistorio aseguró que ellos no tenían nada que ver. De momento, el enfrentamiento más que cibernético parece que es administrativo.

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