El Ayuntamiento de Benidorm reconoció ayer que, en los últimos años, se han denunciado e investigado supuestas actividades ilegales de funcionarios que trabajan dentro del programa que tiene este Consistorio con la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para el cumplimientos de las penas de los condenados a trabajos en beneficio de la comunidad. El equipo de gobierno del PP realizó estas declaraciones tras hacer público un escrito del criminólogo municipal, del pasado mes de diciembre, en el que ponía en conocimiento del alcalde una serie de hechos que, según él, podían derivar en responsabilidades penales y civiles para los propios penados y para los funcionarios del programa.

Según esta denuncia, se habrían producido supuestos casos de tráfico de drogas, de acoso sexual y de cohecho, entre otros.

El conflicto ayer entre los dos grupos municipales con mayor representación en la corporación (PP y PSOE) vino cuando se trató de determinar cuándo se produjeron estos hechos y hasta qué punto actuó de manera responsable cada partido cuando ostentaba el gobierno. Los populares aseguraron que estas incidencias denunciadas por el criminólogo se produjeron en 2013, 2014 y la primera mitad de 2015. El portavoz del gobierno, José Ramón González de Zárate, reseñó estar «sorprendido» por el hecho de que «haya muchas causas anteriores» y «no se haya abierto expediente ni tampoco se haya informado»

Una crítica que molestó bastante a su homólogo en la oposición socialista, Rubén Martínez, que matizó que en 2014, cuando ellos gobernaban, «tuvimos conocimiento de un supuesto caso de soborno de un funcionario a un penado denunciado por el criminólogo y se abrió un expediente, que se acabó suspendiendo porque se elevó al juzgado y, por lo tanto, la investigación quedó en manos del juez». Asimismo, subrayó que su equipo, el resto de años, no supo de más casos vinculados con este programa. «Lo que sí sé es que el PP en julio de 2015 tuvo constancia de una notificación vinculada a un caso de presunto acoso sexual a una penada por un funcionario. ¿Qué ha hecho el Partido Popular a este respecto desde entonces? ¿Por qué no nos ha ofrecido ninguna información desde que recibió la denuncia del criminólogo hace dos meses?», determinó.

Por su parte, el alcalde, Toni Pérez, insistió en que, desde que recibió esta denuncia en diciembre, ordenó que se iniciara un expediente informativo en el que se está tomando testimonio a los funcionarios que trabajan en este programa de colaboración con penados.

Asimismo, según fuentes municipales, el criminólogo dice haber sido apartado de su cargo al frente del programa de penados a raíz de presentar el escrito, lo que asegura haber recurrido. El Consistorio, por su parte, afirmó que fue él el que renunció a través de un documento en el que puntualizaba no hacerse responsable de los penados, según EFE, «hasta que se nombre a un funcionario competente» para el cumplimiento en Deportes, Servicios Técnicos y Cementerios, áreas en las que al parecer estarían produciendose los hechos denunciados.