El cambio de tipología catastral sobre los invernaderos con cultivos hortofrutícolas que está llevando a cabo el Ministerio de Hacienda -a través de la Dirección General del Catastro- está provocando una mala pasada a los agricultores de la Comunidad Valenciana. La modificación tributaria genera pagos desmesurados a los propietarios de explotaciones con este tipo de estructuras efímeras (que evitan plagas de insectos o inclemencias meteorológicas), ya que multiplica por treinta el valor catastral y, por tanto, los gastos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI).
El sector de hortalizas, cuya superficie total en invernaderos (regadío y secano) supera las 25.000 hectáreas en la Comunidad Valenciana, es el más perjudicado por una revisión sobre estas instalaciones que Hacienda espera concluir a finales de 2016. Esa situación afecta a productores de hortalizas, nísperos, frutas tropicales como kiwi y aguacate, e incluso a los cítricos, muchos de ellos protegidos con mallas. La horticultura representa algo más del 3% de la superficie agrícola de la Comunidad Valenciana pero su contribución a la producción final agrícola representa el 20%.
Valor como una vivienda
El responsable del departamento de Ingeniería de la Unió de Llauradors, Carlos Parrado, destaca el caso de una estructura de hierro con una malla en un campo de hortalizas de Vinaròs de poco más de 4.000 metros cuadrados, al que la Gerencia Territorial de Catastro le establece un precio de más de 443.000 euros. En su opinión, eso resulta «algo totalmente desmesurado y a niveles de construcciones urbanas situadas en edificios céntricos de una gran ciudad», explica el técnico de esta organización agraria. El precio del metro cuadrado de la citada parcela ha pasado a valer 100 euros, cuando el de una granja se sitúa entre 20 y 40 euros.
Parrado destaca el desorbitante valor catastral y, por consiguiente su impacto sobre el patrimonio, de las explotaciones naranjeras que usan mallado para evitar posibles plagas de insectos. En ese sentido, advierte de que el valor de la hectárea pasa de 3.000 a 300.000 euros de acuerdo con la tipología catastral aplicada por el Ministerio de Hacienda.
Las consecuencias económicas de esta tipificación de los invernaderos como construcción industrial, realizada por la Dirección General de Catastro, son «dañinas» para los agricultores que realizan inversiones elevadas en un medio de producción de carácter absolutamente provisional, desmontable, con cubierta permeable y con una estructura frágil. Parrado, indica que «al ser un medio de producción, la tipificación de un invernadero es inherente al cultivo y al suelo y, por tanto, queda claro que no se trata de una construcción».
