Una intervención quirúrgica al exalcalde socialista de Orxeta Vicente Llinares ha obligado a aplazar a mayo el juicio en el que se le acusa de prevaricación por, supuestamente, permitir la instalación y actividad de una fábrica ilegal de hormigón en un suelo que él mismo había vendido a la empresa.
Fuentes del Juzgado de lo Penal 6 de Alicante han informado a Efe de que a Llinares le operaron la pasada semana y que aún está convaleciente, por lo que la vista oral inicialmente prevista para hoy a las 10 horas ha quedado fijada para el 12 de mayo.
La fiscalía solicita provisionalmente para él, por un delito de prevaricación, un año de cárcel y diez de inhabilitación para cargo público por unos hechos que se remontan a finales de 1999, cuando el procesado presidía la corporación municipal.
No es el primer aplazamiento de esta causa ya que en noviembre de 2015 ya fue suspendido debido a la enfermedad de un abogado de la acusación particular.
Además del antiguo primer edil, en el banquillo de los acusados se sentará el administrador de la empresa, para el que la Fiscalía reclama dos años de cárcel por un delito contra la ordenación del territorio.
Según la calificación provisional del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso Efe, el administrador de la firma Hormigones Orxeta SL instaló una planta dedicada a la producción de hormigón y la transformación de áridos y tierra en una finca de la partida de Foieta.
El terreno consistía en dos parcelas que estaban calificadas como suelo no urbanizable de especial protección de monte, y el empresario carecía de licencia alguna para desarrollar la actividad, aunque esperaba obtenerla en un futuro próximo "de acuerdo con el alcalde", relata el fiscal.
De hecho, la mercantil había comprado el terreno al entonces primer edil por diez millones de pesetas (60.000 euros), de los que adelantó dos (12.000 euros) y comprometió el resto mediante 24 plazos mensuales.
Llinares, que presidió la corporación de esta localidad de menos de mil habitantes ubicada en la comarca de La Marina Baixa entre 1983 y 2011, denegó la licencia de actividad a la fábrica en diciembre de 1999 e incoó un expediente de disciplina urbanística por las obras sin licencia.
Sin embargo, lo hizo solo a efectos formales, pues no adoptó después medida alguna para restaurar la legalidad urbanística, de forma que "incumplió su deber de garante" de la misma y consintió por tanto "las obras de construcción y la actividad industrial", según el escrito fiscal.
Un vecino afectado por los trabajos los denunció de forma reiterada, pero el entonces regidor lo ignoró y, en cambio, promovió un expediente para reclasificar el terreno a suelo industrial que fue aprobado provisionalmente por el pleno municipal el 21 de junio de 2000, pero rechazado después por la Generalitat.
En abril de 2002, Llinares suscribió un convenio con Hormigones Orxeta SL en el que autorizaba la actividad, que el pleno ratificó en julio de ese año, pese a que la aprobación definitiva de la recalificación de suelo se estaba demorando.
La planta de hormigón funcionaba "a pleno rendimiento" a 4 de diciembre de 2007, fecha en la que un juzgado ordenó su paralización, y, un año después, el 30 de enero de 2009, seguía en la misma ubicación, añade la acusación pública.
