El Ayuntamiento de la Vila Joiosa tendrá que pagar este año cerca de dos millones de euros por las sentencias perdidas, que suponen el 10% de los Presupuestos de 2016. En concreto, la cantidad que las arcas municipales desembolsarán a este fin asciende a 1.961.410 de euros. El último fallo se recibió la semana pasada y corresponde a un contencioso interpuesto por la mercantil Centro Unificado de Servicios Inmobiliarios por las excavaciones que realizó en las Termas de Allon y a la que tendrán que indemnizar con 1.163.488,08 euros. Por otro lado, el Ayuntamiento vilero tendrá que abonar este mismo año 797.000 euros de la sentencia de la reparcelación del PP25.

En cuanto al primer fallo mencionado, el Centro Unificado de Servicios Inmobiliarios demandó en 2014 al Ayuntamiento por el impago de los trabajos de excavación de las Termas de Allon. El Consistorio alegó que ésta no fue encargada por él, sino que los trabajos los realizó la empresa por «su cuenta y riesgo», reza el escrito. Además, consideró que no existía enriquecimiento injusto ya que el beneficiario era la Generalitat Valenciana.

Una vez encontrado el yacimiento arqueológico, comunicado al Ayuntamiento y realizado el informe inicial, la mercantil se encargó de la excavación del mismo, tal y como relata la sentencia. El alcalde de la ciudad en aquel momento, José Miguel Llorca, así lo solicitó con el objetivo, según el propio argumentario, «de evitar dilaciones, demoras y perjuicios para el patrimonio con el compromiso expreso de que los gastos generados le serían íntegramente reembolsados». Este hecho se aprobó en el pleno municipal de 21 de octubre de 2010.

Ahora, el juzgado de lo Contencioso-Administrativo Nº 4 de Alicante considera que el Ayuntamiento ha de indemnizar a la mercantil con 1.163.488,08 euros, más las costas del proceso, porque afirma que existe una responsabilidad patrimonial de la Administración y reconoce el derecho de la empresa a percibir esta cantidad en concepto de «daños y perjuicios». Además, señala que la cifra se incrementará por los intereses de demora. Según el alcalde de la localidad, Andreu Verdú, «desde que este equipo de Gobierno entró en el Ayuntamiento hemos pagado en 2015 cerca de dos millones de euros con la sentencia de Senyoreta L'Hort y los intereses de demora del PP25, de 140.000 euros».

El edil de Hacienda, Joan Lloret, explicó que los servicios jurídicos municipales recurrirán la sentencia. Aún así, lo incluirán en las cuentas de 2016 «para poder hacer frente al pago en caso necesario». Lloret insistió en que «la gestión del PP ha llevado a la ruina al municipio, ya que el pago de estas sentencias hipotecan los presupuestos y la inversión».