El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana ha denegado la medida cautelar provisional que solicitó la Asociación Independiente de Comerciantes, según reza el Auto 702/15 al que ha tenido acceso este diario. Con ella pedían la suspensión temporal de la autorización que concedió la Conselleria de Comercio el 5 de noviembre de 2014 y que permitía a la empresa Outlet Market SL iniciar los trámites de la licencia de apertura del nuevo rastro ante el Ayuntamiento de Benidorm.
De esta forma, pretendían paralizar la instalación del negocio mientras esperan a que se resuelva el otro procedimiento pendiente en el mismo tribunal, y que consideran «principal», según explicaron desde Aico. Asimismo, declararon que esta resolución recién notificada no influirá en el futuro juicio. Éste, aún sin fecha, recoge la petición de la asociación para que se declare nula la autorización de Conselleria, argumentando que se concedió en base a una información urbanística errónea.
Por su parte, el representante legal de la empresa, José María Miranda, indicó lo contrario. Cree que la resolución de este procedimiento marcará la línea a seguir en los siguientes juicios.
Cabe recordar que además del que tienen pendiente en el TSJ, está por señalar por un lado, el que lleva el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 4, contra el Ayuntamiento de Benidorm por conceder la licencia Ambiental y la licencia de Obras (éste por silencio administrativo). Por otro lado, la empresa también tiene abierto un expediente de lesividad que terminaría en marzo.
Desde Aico afirmaron ayer que la denegación era «previsible y esperable», puesto que una medida cautelar provisional de estas características «sólo se adopta en supuestos muy excepcionales». Además, recordaron que más difícil es aún cuando «el Ayuntamiento ha avanzado mucho en la tramitación, dando la licencia ambiental y la licencia de obras».
Por otra parte, el representante legal de la empresa recordó ayer las numerosas propuestas que les han ofrecido a la asociación, como puestos gratis o indemnizaciones en caso de que se convierta en un mercadillo. Asimismo, admitió llevar 320.000 euros invertidos, y ninguno de ellos en el proyecto del rastro, sino en licencias y demandas. De ellos, calculan que alrededor de la mitad tendrán que devolvérselo el Consistorio.
