La Corporación municipal de Benidorm aprobó ayer por unanimidad en el pleno impugnar ante la Audiencia Nacional la Orden Ministerial del 22 de junio de 2015, con la que se fijaba la nueva demarcación marítimo-terrestre en Benidorm. Según el equipo de gobierno, la aplicación de la nueva Ley de Costas en el municipio turístico determina que sus paseos marítimos pasan a ser dominio del Ministerio de Medio Ambiente, lo que limita las competencias municipales a la hora de realizar cualquier intervención.
El Ayuntamiento benidormense ha decidido elevar este asunto ante la Audiencia Nacional tras «desestimar el Ministerio, por silencio administrativo, un recurso que presentamos en agosto contra dicha orden, en la que además de reclamar la titularidad de los paseos, solicitábamos que se tuviera en cuenta el deslinde de 1964 en vez del que han trazado ahora», señaló la concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles. El actual afecta a un total de 3.000 unidades catastrales, entre viviendas y unidades de alojamiento turístico. «El Ministerio ha puesto en varios inmuebles situados en primera línea, de la zona de Levante, una nota marginal como que están afectados por el deslinde. En ellos solo se pueden hacer intervenciones de rehabilitación para preservar la seguridad del bloque, siempre con permiso de Costas. Además, el hecho de tener un registro como que están afectados es un hándicap, por ejemplo, a la hora de venderlos», indicó Caselles. «Si conseguimos que nos devuelvan la titularidad de los paseos podemos liberar todos estos edificios afectados, ya que supondría alejar la línea de dominio público marítimo-terrestre», añadió.
A finales de agosto, esta edil se mostraba algo más optimista sobre este mismo asunto tras mantener una reunión con la Jefa del Servicio Provincial de Costas. Caselles manifestaba, en ese momento, que Costas no había denegado ninguna solicitud de mejora en los bloques situados en primera línea de playa afectados por el nuevo deslinde, que fija 20 metros de zona de servidumbre de protección y 6 metros de servidumbre de tránsito. También reseñaba, en aquel momento, que aunque los paseos marítimos pasan a ser de titularidad estatal, «las autorizaciones, por ejemplo, para cambiar una farola no tardarán más de dos días», dijo entonces, aunque también dejó claro que el Consistorio mantendría su recurso contra la orden ministerial.
Ayer, la titular del área municipal de Urbanismo, recobró el tono reivindicativo. Añadió que aparte de su preocupación por recuperar los paseos, tratarán de que en zonas como Punta Canfali «no se tengan en cuenta los seis metros de la servidumbre tránsito, ya que pasan justo por encima de las rocas, por lo que no tienen ningún sentido. ¿Quién va a transitar sobre el acantilado?».
La líder del grupo municipal de Liberales, Gema Amor, criticó la «tibieza» con la que, según ella, el equipo de gobierno ha abordado el tema del nuevo deslinde, «teniendo en cuenta que se enfrentan a su mismo partido», subrayó.
