El pleno del Ayuntamiento de Benidorm desestimará el próximo lunes las alegaciones de una empresa de comida rápida para evitar su desahucio administrativo y le otorgará un plazo de un mes para que abandone la parcela de propiedad municipal que ocupa en la actualidad. El establecimiento se halla sobre un suelo dotacional y se encuentra de manera irregular, «al menos desde 2011», fecha en la que finalizó el usufructo del que venía disfrutando, según explicó ayer la concejal de Patrimonio, Lourdes Caselles. La mercantil había presentado un recurso de reposición contra el acuerdo plenario que le obligaba a abandonar la parcela e, incluso, reclamaba ser indemnizada.

Ahora, el pleno deberá declarar la «improcedencia» de la indemnización y se le dará «un plazo de 30 días» para irse, no sin antes presentar un proyecto de demolición del inmueble levantado, según indicaron ayer las mismas fuentes municipales.