El pleno del Ayuntamiento de Benidorm desestimará el próximo lunes las alegaciones de una empresa de comida rápida para evitar su desahucio administrativo y le otorgará un plazo de un mes para que abandone la parcela de propiedad municipal que ocupa en la actualidad.
El establecimiento se halla sobre un suelo dotacional y se halla de manera irregular, "al menos desde 2011", fecha en la que finalizó el usufructo del que venía disfrutando, según ha explicado hoy la concejal de Patrimonio, Lourdes Caselles.
La mercantil había presentado un recurso de reposición contra el acuerdo plenario que le obligaba a abandonar la parcela e, incluso, reclamaba ser indemnizada.
Ahora, el pleno deberá declarar la "improcedencia" de la indemnización y se le dará "un plazo de 30 días" para irse, no sin antes presentar un proyecto de demolición del inmueble levantado, según fuentes municipales.
"Si transcurrido ese plazo la mercantil no abandona las instalaciones, habrá que ejecutar la orden de desahucio", ha dicho Caselles, quien también ha precisado que, una vez desalojada, "tendrá dos meses para demoler la construcción" de conformidad con un proyecto que deberá correr por su cuenta y riesgo.
Si no lo hace, el derribo lo asumirá de forma subsidiaria el Ayuntamiento, que luego repercutirá los gastos a la empresa.
Los propietarios originales de la finca la cedieron en 1997 al Ayuntamiento, aunque se reservaron durante diez años el usufructo, tiempo en el que se instaló un establecimiento de comida rápida.
Ha sido en octubre de este año cuando se ha iniciado el expediente de desahucio por acuerdo del pleno al haber vencido el usufructo.
Igualmente, los técnicos estudian ahora el canon que el consistorio podría reclamar a la mercantil por "el tiempo que ha estado ocupando la parcela desde que finalizó su usufructo sin que haya pagado nada por ello", según Caselles.
