La empresa adjudicataria de la piscina y el gimnasio del Palau d'Esports de l'Illa presentó el pasado 4 de diciembre un recurso de reposición contra la resolución del contrato acordada por el Ayuntamiento. Una decisión municipal que contó con el apoyo de un informe del Consell Jurídic Consultiu. Sin embargo, la mercantil Levantina de Servicios Acuáticos estima que existen motivos jurídico-procesales y jurídico-materiales que «justifican la declaración de nulidad del acuerdo adoptado por el pleno», especifica.
Cabe recordar que el Consistorio tomó esta decisión «por incumplimientos graves del contrato entre los que figuran el impago del canon al Ayuntamiento, impagos de sueldos a los trabajadores, así como el incumplimiento del pliego en cuanto a las inversiones que se comprometieron a realizar», reseñaron en su momento las ediles de Deportes y Contratación.
La mercantil acompaña el recurso de reposición de un documento en el que aporta las firmas de apoyo de 300 socios y usuarios. «También incluimos cartas de agradecimientos del Club de Nación Benidorm y del Club Natación Sincro Costablanca, que usan la piscina como sede de sus entrenamientos», aseguran a este diario desde la concesionaria.
El representante legal de Levantina de Servicios Acuáticos, Juan Carlos Hernández, opina que hay tres circunstancias clave que hacen injusta la resolución. La primera, según dice, es el «lamentable estado de conservación» de las instalaciones del Palau que dice que se encontró cuando tomaron posesión. «Ninguna de estas carencias fueron advertidas en el pliego de condiciones y supuso para la empresa unos desembolsos importantes que no esperábamos», matiza. La segunda circunstancias que subraya fue el brote de legionela, detectado hace unos meses, que le supuso una importante pérdida de clientela. «El Jefe del Departamento de Sanidad en el Ayuntamiento, en su informe, no señaló ninguna responsabilidad de nuestra empresa y la solución del problema nos ocasionó nuevas inversiones que corrigieron los incumplimientos que en la ejecución del Palau se cometieron, entre ellos la falta de tratamiento del agua», señala. También incide en un supuesto retraso a la hora de conceder las licencias municipales que «padecimos para realizar las mejoras que detallamos en el pliego», dice. Además, la incautación que han aprobado de la fianza -de 50.000 euros- la considera desproporcionada e injusta.
La concejal de Contratación, Lourdes Caselles, aseguró ayer que piensa desestimar todas las alegaciones del recurso e insistió en que en el próximo pleno pretenden aprobar al desahucio de la adjudicataria, «ya que no ha cumplido con su obligación de abandonar las instalaciones». Caselles manifestó que «según nos han hecho constar desde esta empresa, no pretenden irse por las buenas. Si tenemos que intervenir con la Policía, no nos quedará más remedio que hacerlo». La edil cree que la mercantil, a través de este recurso, «sólo quiere ganar tiempo».
