El Juzgado de Contencioso Administrativo nº4 de Alicante ha desestimado el recurso del edil de Ciudadanos Ángel Ferrer contra el Ayuntamiento de La Nucía por el derribo de una construcción ilegal -un almacén agrícola- en julio de 2013, según informó la Corporación ayer en un comunicado. El fallo judicial «da la razón al Ayuntamiento de La Nucía porque la actuación del derribo de la construcción fue "conforme a derecho y se ajusta a la legalidad urbanística vigente", e impone al líder de Ciudadanos de La Nucía las costas del derribo de la construcción ilegal y las costas del juicio, que ascienden a e 60.276 euros», señala la nota.

En su sentencia se «desestima el recurso interpuesto por Ángel Ferrer frente al Ayuntamiento, tras confirmar que los actos dictados en el Expediente de Restauración de la Legalidad Urbanística son conformes a derecho».

El alcalde Bernabé Cano explicó ayer que «en julio de 2013, cuando se procedió al derribo de la construcción ilegal de Ángel Ferrer, entonces concejal del CDL y ahora líder de Ciudadanos, se nos acusó a mí y al Ayuntamiento de "polémico derribo", de "represalia", "de actuación arbitraria que no se ajustaba a derecho, que no cumplían los plazos". Esta noticia fue filtrada de forma interesada y tergiversada a la prensa. Pero una vez más el tiempo ha puesto a cada uno en su sitio y la sentencia demuestra que el expediente contra el edil por infracción urbanística se cumplió escrupulosamente la legalidad, respetando todos los plazos marcados por la ley y cabe destacar que se inició antes de que fuera edil Ferrer», y reclamó ayer la dimisión del concejal de Ciudadanos tras esta sentencia que confirma la ilegalidad urbanística.

Por su parte Ciudadanos emitió un comunicado lamentando que el Consistorio airee un tema entre particulares (Ferrer y su familia) y el Consistorio, destacando que la sentencia no es firma y que Ferrer la va a recurrir. Y también «nos congratulamos del repentino ataque de transparencia que ha sufrido Cano dando a conocer, con celeridad, esta sentencia. Echamos en falta esta celeridad en la comunicación de otras sentencias firmes desfavorables para el Ayuntamiento».