El interventor municipal del Ayuntamiento de Benidorm, José Ignacio Oiza, aseguró ayer ante el juez que él emitió informes en el año 2010 contra decisiones en materia de contratación y el equipo de gobierno los desoyó, según fuentes que estuvieron presentes durante su declaración de ayer ante el magistrado del Juzgado de Instrucción número 2 de dicho municipio, que investiga las supuestas contrataciones irregulares durante el mandato del exalcalde del PSOE Agustín Navarro. Su declaración fue, sin duda, una de las más importantes de una mañana de pruebas testificales que, aunque sólo englobó a cuatro personas -de las 19 citadas-, se alargó durante 7 horas -de las 9.45 horas a las 15.45-.

Según fuentes que estuvieron presentes durante su testimonio, el actual interventor municipal reseñó ante el juez que en 2010, que es uno de los años en los que más irregularidades denuncia el Sindicato Profesional de la Policía Local y Bomberos (SPPLB), él emitía informes contra actuaciones del equipo de gobierno en materia de personal y éste «no le hacía ni caso».

José Ignacio Oiza, tal y como detallaron estas fuentes, también explicó al magistrado cómo considera él que se tendría que haber llevado a cabo la modificación de la Relación de Puestos de Trabajo en 2010 y cómo se deberían de haber realizado las contrataciones ese mismo año para que no cometer ninguna irregularidad.

Además del interventor, testificó la exconcejal de Hacienda y Recursos Humanos, Natalia Guijarro, y dos exaltos funcionarios del Ayuntamiento: un coordinador de RRHH, Daniel Caneiro, y un secretario municipal, Francisco García.

A los tres citados en calidad de imputados por presuntos delitos de prevaricación, malversación y tráfico de influencias (el exalcalde Agustín Navarro, la exjefa de RRHH Carmen Navarro y el exedil de Personal Juan Ramón Martínez) se les comunicó a primera hora que habían sido aplazados sus testimonios. El exprimer edil, al que representa el prestigioso penalista Javier Boix junto a Luis Bajo, dijo a este diario que cree que los imputados irán a declarar el 12 de febrero, pero no lo tenía del todo claro porque en un principio se habló del 17 de diciembre. Las razones del aplazamiento, según fuentes cercanas al procedimiento, fueron dos: que los abogados de Carmen Navarro habían sido designados hace poco y que acababan de llegar más pruebas documentales del Consistorio solicitadas por el juzgado, y debían ser estudiadas.

Fuentes que estuvieron presentes durante la testifical del exsecretario, resumieron su intervención de la siguiente manera: «García ha manifestado que el equipo de Agustín Navarro se encontró con un Ayuntamiento con ligeros problemas en materia de gasto y de deuda pública, y se tuvo que innovar ante esta situación a la hora de equilibrar presupuestos y dotar a la corporación de funcionarios directivos que ayudasen a sacar la situación adelante».

Las mismas fuentes indicaron que a Daniel Caneiro el juez le preguntó, entre otras cosas, por las posibles relaciones familiares y de amistad entre las contrataciones que se investigan y los miembros del equipo de gobierno en etapa socialista. El resto de testigos, entre los que se encuentra la exedil liberal Gema Amor, han sido citados en enero y en febrero.