Diecinueve funcionarios y políticos declaran hoy por supuestos enchufismos

El exalcalde socialista, el exedil de Personal y la exjefa de Recursos Humanos han sido citados como imputados

21.11.2015 | 01:10
El exalcalde Agustín Navarro.

El titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Benidorm recibe hoy, a partir de las 9.45 horas, a un total de 19 personas, entre funcionarios y políticos, que acuden a declarar por el caso de las presuntas contrataciones irregulares durante el mandato del socialista Agustín Navarro.

En esta causa están imputados, además del exalcalde Navarro, el exconcejal de Personal Juan Ramón Martínez y la exjefa de Recursos Humanos Carmen Navarro. De hecho, tanto el exprimer edil como su excompañero en el equipo de gobierno es la segunda vez que declaran, aunque Juan Ramón Martínez lo hizo en un primer momento como testigo y ahora como imputado.

A los tres se les imputan tres supuestos delitos de prevaricación administrativa, de tráfico de influencias y de malversación de caudales públicos. El procedimiento tiene su origen en una denuncia que elevó el Sindicato Profesional de Policía Local y Bomberos (SPPBL) a la Fiscalía. Los hechos denunciados y que ahora se investigan tienen que ver con presuntas irregularidades en materia de gastos de Personal y contrataciones de personal laboral y funcionarial desde el año 2010.

Igualmente, están citados a declarar como testigos la exconcejala de Hacienda Natalia Guijarro, la concejala liberal Gema Amor, el interventor municipal y el exsecretario municipal. Con posterioridad a estas citaciones, el juez llamó a petición de las partes a otros doce empleados municipales, que habrán de personarse también hoy en el juzgado. Entre otros, al intendente de la Policía Local, al coordinador de Deportes, técnicos del departamento de Personal y de otros departamentos e, incluso, a una administrativa del área de Alcaldía. Una de las novedades es que el exalcalde socialista ha incluido en su defensa al prestigioso penalista Javier Boix, el abogado que representó al expresidente del Consell Francisco Camps en el caso de los trajes. El objetivo es que Boix se encargue de la parte penal y Luis Bajo, letrado que hasta ahora representaba a Navarro en este caso, de la parte administrativa.

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