El exalcalde socialista de Benidorm Agustín Navarro declarará mañana por segunda vez como imputado por el caso de los presuntos enchufismos en el Consistorio benidormense, y por el que se enfrenta a los supuestos delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de fondos. Pues bien, Navarro ha fichado para que le defienda de todo ello al prestigioso penalista Javier Boix, el abogado que representó al expresidente de la Generalitat Francisco Camps en el caso de los trajes, en el que el exjefe del Consell fue declarado inocente. El letrado también defendió a Carlos Fabra en el caso Naranjax, así como al exdiputado popular Rafael Blasco en el caso Cooperación. Fabra y Blasco actualmente se encuentran en prisión.

Asimismo, Javier Boix, catedrático de Derecho Penal en la Universitat de Valencia, representa al exdirector general de la CAM Roberto López Abad en los procesos abiertos por la gestión de la caja y entre sus logros destaca haber conseguido la nulidad de las grabaciones en el caso Naseiro.

Boix trabajará junto al abogado de Benidorm Luis Bajo, que es el que ha representado al exprimer edil socialista desde que arrancó este proceso judicial y el que le acompañó en su primera declaración como imputado en este caso en el que se le acusa de prevaricación, malversación de fondos y tráfico de influencias. En esta causa el Sindicato Profesional de la Policía y Bomberos (SPPLB) de Benidorm acusa a Navarro de colocar en el Ayuntamiento a 43 afines y parientes de cargos socialistas, así como del pago de productividades ilegales en 2010 y 2011.

Boix se encargará de la vertiente penal mientras que Bajo lo hará de la administrativa.

Además del que fue alcalde de Benidorm hasta la pasada legislatura, Agustín Navarro, también están citados a declarar el exconcejal de Recursos Humanos, Juan Ramón Martínez, y la exjefa de esta misma área, Carmen Navarro Orts.

La denuncia parte del Sindicato Profesional de la Policía Local y de Bomberos, en la que acusaban a Navarro de «colocar en el Ayuntamiento a 43 afines y parientes de cargos socialistas, así como del pago de productividades ilegales en 2010 y 2011», ha sido ampliada en dos ocasiones después. A este grupo sindical le representará un letrado del bufete de abogados de Gabriel Echávarri, alcalde socialista de Alicante. También han citado como testigos al actual interventor municipal, el secretario general de esa época, la exconcejal de Hacienda, Natalia Guijarro, y a Gema Amor.