El letrado mayor del Consejo de Estado, José Antonio García-Trevijano, manifestó ayer en Benidorm que el «mero hecho de que el Parlamento de Cataluña haya adoptado una decisión de incumplir la Constitución» podría calificarse como un «delito de sedición». Ese delito tiene que ver con «el levantamiento multitudinario en contra de la legalidad establecida», y en su opinión en el caso catalán esto se daría.

García-Trevijano realizó estas declaraciones durante una conferencia organizada por el Rotary Club Benidorm sobre el proceso de independencia planteado en Cataluña, en la que ofreció una visión jurista sobre la situación en esa comunidad. El presidente del Club Rotary Benidorm, Jaime Carbonell, fue el encargado de presentar a García-Trevijano en un evento al que asistieron unas 50 personas, entre las que se encontraban el alcalde de Benidorm, Antonio Pérez; el portavoz local del PSPV, Rubén Martínez, así como una decena de letrados de la provincia y otros miembros del Rotary.

García-Trevijano es uno de los juristas que ha intervenido preparando el dictamen que el Gobierno ha aplicado a través del Constitucional para el proceso de Cataluña. El letrado indicó que con la conferencia iba a «tratar de aportar mi opinión jurídica sobre el proceso que se está planteando en Cataluña, las medidas que desde el lado del Gobierno se están llevando a cabo, las impugnaciones y otras cuestiones».

Así argumentó que esta situación es «un proceso evolutivo» en el que se están sucediendo pasos, tanto los que «va dando el Parlamento catalán» como el Estado con sus «recursos».

El último de ellos, ha sido admitido a trámite por el Constitucional hace unos días y se refiere a la «famosa decisión del Parlamento de prácticamente poner en marcha el proceso de independencia y declararse soberano» por lo que «teóricamente» esta decisión «ya no tiene ningún valor».

Con todo, «lo que tiene que suceder es que los funcionarios públicos en Cataluña sigan cumpliendo las leyes como hasta ahora. Si no las cumplen, si se producen nuevas decisiones o actuaciones singulares de desobediencia a la legislación, las consecuencias pueden ser de diverso tipo, fundamentalmente penales». El letrado abordó algunas de ellas y habló de la posibilidad de que se diera un delito de sedición ante la decisión de Cataluña de incumplir la Constitución. Ese delito tiene que ver con «el levantamiento multitudinario en contra de la legalidad establecida». En el caso catalán, habrían participado «unos 70 diputados catalanes por lo que parece que el levantamiento multitudinario se daría».

Con todo García-Trevijano indicó que «otra cosa es que los diputados no pueden ser sancionados penalmente por votos u opiniones que emitan en el ejercicio de su cargo». Por eso habrá que estudiar si «la inviolabilidad les afecta en ese caso o no». En caso que no tengan esa protección, «sí podrían cometer un delito penado hasta con 15 años».