El Club Náutico de Altea continua en su lucha para que no le quiten la concesión administrativa, y ha presentado ante el TSJ de la Comunidad Valenciana un Recurso de Casación para la Unificación de Doctrina, que ya ha sido admitido a trámite, de tal manera que los autos pasarán al Tribunal Supremo para su estudio «y que interprete cómo se debe aplicar la normativa portuaria contenida en la Ley de Puertos estatal y valenciana», según señalaron ayer desde el club.

Esta decisión se ha tomado tras anunciarse a principios de noviembre desde la Conselleria de Obras Públicas que sacará a concurso público las concesiones de los clubes náuticos de la Comunidad. Así las cosas, el pasado miércoles se mantuvo en Valencia una reunión entre el director general de Obras Públicas de la Generalitat, Carlos Domingo, representantes del Club Náutico de Altea y el alcalde alteano, Jaume Llinares, que acudió acompañado de la concejala de Puertos y Medio Ambiente, Bea Nomdedeu, para explicar la posición de Altea sobre la renovación de la concesión administrativa y trasladar la disconformidad en la intención de derogar la disposición adicional de la ley 2/2014 de Puertos de la Generalitat Valenciana, dado que «significaría la eliminación de la adjudicación directa de concesiones para los clubes náuticos y favorecería la entrada de empresas mercantiles y capitalistas», según afirmaron ayer fuentes del Náutico de Altea. Por su parte, desde la Conselleria afirmaron ayer que la Generalitat «debe cumplir la legislación vigente en materia de contratación» pues «no hay que olvidar que en la explotación de una instalación náutico-deportiva se está gestionando un servicio público y, por tanto, la adjudicación por concurso público es la mejor forma de tener clara la carta de derechos y obligaciones del concesionario y de obtener mejoras para las instalaciones y para la ciudad».