El Ayuntamiento de Benidorm va a estudiar la gestión directa del Plan Parcial de Armanello, tal y como aprobó ayer en la sesión plenaria extraordinaria en la que se ponía sobre la mesa una moción para liquidar el contrato suscrito con el antiguo agente urbanizador, Enrique Ortiz, y la anulación de dicho PAI, que salió adelante. Encaminarse hacia esta vía parte de una enmienda presentada por el grupo municipal Compromís-Los Verdes sobre la propuesta del equipo de gobierno.
Optar por la gestión directa, tal y como reseñó el portavoz de Compromís-Los Verdes, Josep Bigorra, para que el empresario Enrique Ortiz no pueda volver a optar a gestionar este plan parcial que lleva 13 años paralizado por diferentes procesos judiciales. «Somos conscientes de que una gestión indirecta podría conducirnos a que este constructor se volviera a hacer con la gestión del PAI», determinó Bigorra, cuya propuesta se adhirió a la moción de los populares y contó con el apoyo unánime de todos los concejales de la corporación.
El propio alcalde de Benidorm, Toni Pérez, recalcó que su grupo siempre ha defendido esa vía. E incluso su concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, insistió en que es la única manera de que Ortiz no pueda volver a optar a Armanello y que no continúe siendo un proceso judicializado.
Compromís-Los Verdes también presentó otras enmiendas que modificaron el texto de la propuesta como que no se incluyera desestimar las indemnizaciones que podrían solicitarle terceros al constructor, «ya que nosotros no somos quién para meternos en temas particulares», dijo Bigorra. La que sólo contó con sus votos es una en la que pedían que los técnicos realizaran nuevos informes en el que se vuelvan a analizar y valorar los daños y perjuicios que ha ocasionado el empresario a Benidorm con la paralización, durante 13 años, de este plan parcial.
De momento, según la propuesta a la vista de los informe técnicos, el Consistorio debe recibir 107.930,16 euros por parte del empresario. Según Caselles, desde Contratación subrayan que las indemnizaciones deben ser por daños reales y evaluables, ya que «sería complicado cuantificar hechos subjetivos como el perjuicio que ha podido causar a la imagen de la ciudad esta paralización». Cabe recordar que el Ayuntamiento le ha llegado a reclamar a este empresario hasta 17 millones de euros, aunque los tribunales no lo vieron a lugar.
El grupo municipal socialista le recordó al PP cuando en la anterior legislatura, en la que gobernaban junto a Liberales, les echaban en cara que le habían perdonado a Ortiz 17 millones de euros «y ahora nos damos cuenta de que los técnicos solo valoran 107.000 euros. Creo que nos mereceríamos una disculpa por parte del PP», expresó el líder del partido en Benidorm, Rubén Martínez.
Gasent: «Se va de rositas»
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos (C's), Rafa Gasent, indicó que le parece vergonzoso que Enrique Ortiz «se vaya de rositas» con esta indemnización, a su juicio, tan escasa, y consideró que se podría haber pedido otro informe externo, «porque no nos podemos convertir en extensiones de lo que digan los técnicos, como si fuéramos funcionarios». La portavoz de Liberales, Gema Amor, criticó que no se haya tenido en cuenta la propuesta que su grupo aportó de solicitarle al constructor el compromiso de que no presente ningún tipo de recurso en los tribunales tanto a la resolución de agente urbanizador como a la liquidación. La votación de la moción se dividió en varios puntos y el único que no contó con unanimidad fue el que se refería a la liquidación: Liberales votó en contra y el PSOE y C's se abstuvo.
