La Generalitat Valenciana ha asignado una partida bienal de 200.000 euros (80.000 euros en 2016 y 120.000 en 2017) en el anteproyecto de los Presupuestos para la redacción del proyecto-estudio de demolición de las torres de Punta Llisera, conocidas como Gemelos 28. Estos dos bloques, de 21 alturas, se encuentran en primera línea de la playa de Levante y fueron construidos por Edificaciones Calpe, del Grupo Ballester, en un suelo en el que anteriormente se levantaba otro bloque de 25 pisos.
El Grupo Ballester contaba con todas las licencias municipales pertinentes para ejecutar la obra, incluidas las autorizaciones del Consell en 2005. De hecho, la licencia de obras se había concedido en junio de 1988, apenas dos meses antes de la entrada en vigor de la Ley de Costas ese mismo año. Una sentencia del Tribunal Supremo del año 2012, sin embargo, anuló dichos permisos y dejó sin cobertura legal.
El juez estimaba que las torres se encuentran fuera de ordenación, al estar construidas sobre la zona de protección que delimita el Ministerio. Desde entonces y hasta ahora sólo se había sabido que un particular había solicitado en 2014 la ejecución de la sentencia. El verano pasado, tanto el Ayuntamiento como la Conselleria de Infraestructuras mantuvieron reuniones para intentar llegar a una solución, ya que consideraban desproporcionada la medida de la demolición. En ese momento, que gobernaba el PP en la Generalitat, desde el área de Infraestructuras indicaron a este diario que «en el caso de que el tribunal nos obligara a demoler los edificios nos podríamos acoger a la fórmula legal de Incidente de Ejecución de Sentencia. Con este mecanismo se expone al Tribunal que la acción resultante, en este caso la demolición, haría más mal que bien, ya que supondría un grave perjuicio para las arcas de la Comunidad». Por su parte, la concejala de Urbanismo de Benidorm, Lourdes Caselles, además de mostrarse ayer sorprendida al no haber recibido «ninguna notificación al respecto», recordó que 168 viviendas de estos bloques están ya vendidas y más de 80 fueron compradas cuando no había proceso judicial en marcha. «Si se lleva a cabo la demolición habría que estudiar las indemnizaciones y quién las pagaría», se preguntaba, a la vez que indicó que «Edificaciones Calpe se encuentra en concurso de acreedores».
Fuentes de la Conselleria de Vivienda, que ha realizado esta consignación, indicaron a este periódico que con esta partida quieren cumplir con la legalidad y opinan que el anterior equipo de gobierno de la Generalitat fue «irresponsable» al no atender a la sentencia del Supremo.
La restitución de la legalidad, según entiende Lourdes Caselles pasaría por demoler las dos torres y restituir el anterior edificio de 25 plantas. La edil se pondrá en contacto los próximos días con la Conselleria porque considera que es algo a estudiar detenidamente «ya que hay muchos terceros a los que podemos perjudicar».
