El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Benidorm ha decidido no abonar los 1,7 millones que reclama el empresario Enrique Ortiz para liquidar el contrato sobre el PAI Armanello, en el que ostentaba la condición de agente urbanizador, hasta que el pleno del pasado mes de julio se la anuló por incumplimiento de contrato.

Según fuentes municipales, esta es la cantidad que el constructor considera que el Consistorio le debe de abonar por una cuestión de daños y perjuicios. «En la valoración que presentó para liquidar el contrato alude a una serie de tasas y de gastos de gestión, además de a la redacción de una serie de proyectos en relación a este Plan Parcial», argumentó la concejala de Urbanismo, Lourdes Caselles, a este diario. Esta misma edil solicitó una serie de informes técnicos a las áreas de Contratación, Ingeniería y Arquitectura que, según Caselles, «no consideran que haya que pagarle nada a Ortiz ya que, entre otras cosas, entienden que los proyectos elaborados por el constructor, al no desarrollarse el PAI, no se han utilizado», argumentó.

El equipo de gobierno trabaja en una propuesta de acuerdo para culminar en los próximos días los trámites para cumplir con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) que anuló las cargas impuestas por el urbanizador del PAI Armanello a los propietarios del suelo. Esta sentencia es firme desde enero de 2013 y el TSJ ha venido reiteradamente reclamando al Ayuntamiento que adopte los acuerdos necesarios para ejecutar este fallo.

El gobierno local trasladó ayer al resto de grupos de la Corporación todos estos informes en una Junta de Portavoces. La titular de Urbanismo, Lourdes Caselles, recalcó que la intención del Ayuntamiento es cancelar el contrato con el agente urbanizador y el programa de Armanello presentado por éste en 2001, y rechazar su liquidación. Según Caselles, con la anulación del programa el Ayuntamiento «estaría ejecutando la sentencia del TSJ que anuló las cargas excesivas impuestas por el urbanizador a los propietarios del suelo».

En los últimos meses, el Ayuntamiento ha mantenido varias reuniones con la defensa jurídica del agente urbanizador para intentar agilizar todo el procedimiento y encontrar la solución que no perjudique los intereses municipales.