El Ayuntamiento de Benidorm pretende imponer mano dura sobre los negocio de las sillas autopropulsadas. Según el concejal de Movilidad, José Ramón González de Zárate, por las múltiples quejas y accidentes que generan la utilización de muchos de estos vehículos. El edil anunció ayer que se planteará el cierre de todos aquellos establecimientos dedicados al alquiler de estos aparatos que no cumplan todos los requisitos que marca la ordenanza, y más concretamente de aquellos que carezcan de la autorización de actividad de venta al público de productos sanitarios que prevé el Decreto 250/2004 en la Generalitat Valenciana.

El concejal de Movilidad ha remitido un escrito a ocho de estos negocios en Benidorm requiriéndoles una documentación antes del 2 de noviembre, entre la que se encuentra esta autorización que otorga el Consell. González de Zárate sospecha que muchas de estas empresas no disponen de dicha certificación, por lo que tendrán complicado pasar la criba.

Dos de estas mercantiles, a las que preguntó este diario si disponían o no del documento, indicaron que lo habían pedido y consideraban que con la solicitud sería suficiente. El concejal de Movilidad especificó a este periódico que no, ya que «tú puedes solicitarlo pero después tienes que realizar una serie de tramitaciones en el que aportes detalles de los vehículos con los que trabajas».

Según fuentes técnicas municipales, el problema es que algunas de estas empresas trabajan con sillas autopropulsadas que no están homologadas por la Unión Europea y que son adquiridas en China u otros países asiáticos por un precio mucho más económico. «Este aspecto complica que les otorguen este tipo de autorizaciones las administraciones públicas», matizaron estas mismas fuentes consistoriales.

La única manera que tendrían de salvarse del cierre los negocios que no puedan aportar esta autorización, según el concejal, «es retirar de su oferta de alquiler este tipo de vehículos y optar por trabajar con otros como scooters normales o bicicletas», dijo.

González de Zárate también explicó que los establecimientos que no aporten licencia de apertura o que sus contratos no especifiquen que el alquiler de estas sillas está limitado a personas con problemas de movilidad acreditados, con minusvalías o que sean mayores de 55 años, incurrirán en una falta grave, «sancionable con 500 euros».

El concejal recalcó que van a ser muy «duros» a la hora de hacer cumplir la ordenanza. «Ya que la elaboró el Ayuntamiento vamos a cumplirla de una vez por todas», añadió.

Una fallecida en un accidente

En numerosas ocasiones se ha denunciado el uso de estas sillas por gente joven o por usuarios borrachos. Según fuentes municipales, este verano, un accidente con uno de estos vehículos, provocó el fallecimiento de una de las víctimas.

Uno de los empresarios que, al parecer, sí cumple con la normativa, al que de hecho no se le ha notificado nada, aseguró ayer a este diario que «me parece perfecto este tipo de medidas para acabar con el desmadre que hay en Benidorm con este tipo de scooters por la calle. Si no se cuida, la mala imagen es para todos los que nos dedicamos a esto». González de Zárate incidió en que aunque la norma se vendió «a bombo y platillo» a principios de año por el anterior equipo de gobierno, no se aplicó hasta mediados de 2015. Recordó que las primeras sanciones se comenzaron a poner en Benidorm en los meses del pasado verano.