El Ayuntamiento de Benidorm recurrirá al desahucio administrativo para recuperar una parcela de propiedad municipal en Jaime I que está siendo ocupada por un negocio de restauración (un Burguer King) y cuyo usufructo ha excedido el plazo que se le otorgó en su día, según han informado fuentes municipales.
El asunto será debatido en el próximo pleno a propuesta de la concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, y dictaminado previamente en las comisiones informativas del próximo lunes.
La parcela en cuestión se ubica en el cruce de la avenida Uruguay, 1 con la calle Nicaragua, tiene la clasificación de suelo urbano.
En concreto, su calificación es la de Sistemas Generales Servicios Urbanos Cementerio.
Este suelo originariamente era propiedad de un matrimonio que lo cedió al Ayuntamiento en 1997 a cambio de que se les cediera un usufructo de la finca durante diez años con la licencia provisional para instalar allí un restaurante durante ese tiempo.
El mismo día que se escrituró la cesión, el matrimonio vendió el derecho a una mercantil para implantar un negocio de comida rápida.
Meses después, en enero de 1998, el consistorio concedió la licencia de obras con la obligación para la mercantil de cesar en su actividad diez años después, pero no fue hasta 2001 cuando se otorgó la licencia de apertura para el establecimiento.
Años después, se requirió a la mercantil para que cesara su actividad y ésta presentó un escrito de oposición por no estar de acuerdo con el plazo computado.
En mayo de 2013 se le comunicó de nuevo que el plazo había finalizado "con creces" y se volvió a reclamar el cese de la actividad y el desalojo del inmueble, así como la demolición de lo construido.
Un año más tarde se incoó el expediente de desahucio administrativo del espacio.
El informe al efecto realizado por el jefe de Inventario y Patrimonio del Ayuntamiento de Benidorm pone de manifiesto que la mercantil "ha incumplido las condiciones establecidas" en el decreto por el cual se le concedió licencia de apertura.
Además, dicho informe recuerda que ha transcurrido "más de un año" desde el inicio del expediente de desahucio, pero que en ese tiempo se ha producido una reclamación de los antiguos propietarios por la que pretendían revocar la donación al Ayuntamiento.
Este hecho, indica, motiva que sea "necesario volver a incoar el expediente incorporándose al mismo todas las actualizaciones realizadas hasta la fecha".
Es por ello por lo que ahora se elevarán a pleno la extinción del derecho de usufructo, el expediente de desahucio y la declaración de improcedencia de la indemnización solicitada por la empresa que gestiona el restaurante.
